Siendo cotidiana la información que los medios de comunicación colectiva le trasladan a los ciudadanos sobre nuevos casos de corrupción, no puede ser el comentario frívolo, en ocasiones revestido de toques de real o fingida indignación, la única reacción generada.

Toca tanto a los medios como a los ciudadanos enfrentar el grave trastorno social que dicha corrupción evidencia y cumplir con la obligación de repudiarlo de las distintas maneras en que ello es posible.

Y es obligatorio así proceder para superar el riesgo de caer, por acción o por omisión, en una categoría inadmisible: convertirnos en una sociedad complaciente con los actos delictivos que atentan contra el patrimonio de todos, convertirnos en una sociedad de cómplices.

La magnitud de los actos de corrupción que a diario se denuncian superan el asalto a los fondos públicos y surgen en todo tipo de actividades.

Así, ni la administración de justicia está libre de señalamientos y el ejercicio de la actividad profesional de los juristas se vuelve cada día más complicada puesto que realizarlo no depende únicamente de los conocimientos y experiencia adquiridos sino de un notorio tráfico de influencias y distinto tipo de presiones que recién ahora se están denunciando, dado el nuevo clima favorable a la libertad de expresión que se vive.

Donde más dolor genera reseñar los actos monstruosos de está década infame es en el campo de la educación, cuando hay que informar sobre los atropellos a los niños por parte de sus maestros.

Solo una profunda degeneración social puede explicar tal degradación, y que esté dándose, establece contrariedad que el Ecuador atraviese tal nociva circunstancia.

Sin duda, una vigorosa reacción ciudadana está haciendo falta y como los partidos políticos mantienen su habitual receso poselectoral, toca al conglomerado más consciente convocarse a sí mismo y expresar firmemente su repudio.