El proceso recién empieza y puede durar años. Determinar si el Estado ecuatoriano violó los derechos humanos de algunas de las personas que se manifestaron en las calles por la eliminación de los subsidios a la gasolina extra y al diésel no será posible con solo una visita, aunque puede marcar un primer paso.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continuó ayer recogiendo testimonios de los actores de las manifestaciones que se produjeron entre el 3 y el 14 de octubre. El hermetismo fue la característica del segundo día de recepción de versiones. En la tarde, la Misión de la CIDH se reunió a puerta cerrada con los dirigentes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

Antes estuvo con la fiscal general, Diana Salazar; el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Christian Cruz; y el presidente de la Corte Constitucional, Hernán Salgado, con quien se abordó el dictamen de constitucionalidad del decreto de estado de excepción, vigente desde el 3 de octubre.

Todos estos encuentros servirán como insumos para elaborar un informe de la situación en la que quedaron los derechos humanos en el país, luego de once días de manifestaciones, algunas con tintes vandálicos, de violencia extrema.

¿Las conclusiones de este informe de la CIDH serán vinculantes para el Estado ecuatoriano? La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dijo ayer que, como su nombre lo indica, los informes lo que hacen es informar y su contenido es analizado por los países

“En el caso del Sistema Interamericano hay una forma de pronunciamiento que sí es vinculante y son las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Ecuador será, como siempre, respetuoso de los mecanismos internacionales”, señaló Romo.

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, sin embargo, fue un paso más allá y dijo, el lunes pasado, que la misión que tiene la CIDH es determinar, a través del informe, si se dieron violaciones a los derechos humanos, de qué tipo fueron estas y la reparación integral a los afectados. “Obviamente estará en el Estado el derecho de acoger y proceder con la reparación”, señaló.

“Uno de los mecanismos de reparación es la no repetición (de las acciones), las víctimas están identificadas, muchas de ellas perdieron uno de sus ojos, son lesiones permanentes y el Estado tendrá que reparar a nivel material e inmaterial”, agregó Carrión.

El abogado constitucionalista, Salim Zaidan, considera que la visita de la CIDH traerá “cola”, aunque reconoce que para que algo más pase, el informe primero deberá dar indicios de que hubo situaciones anómalas durante la contención de las protestas por parte de la fuerza pública.

Si esto pasa, la CIDH podría abrir de oficio un expediente para investigar posibles violaciones de derechos humanos, pero con una particularidad: los procesos contenciosos en el Sistema Interamericano se dan sobre una persona en particular y no contra el Estado en general.

“Lo que tenemos ahora es lo que la CIDH llama visita in loco, en la que obtiene material justamente para la elaboración de los informes para monitorear la situación general de los derechos humanos en un país. Si hubiese casos específicos abiertos, el organismo hace visitas in situ. Cualquier sentencia deberá ser emitida por la Corte Interamericana”, explicó el experto.

Hasta el momento, la Misión de la CIDH, encabezada por Esmeralda Arosemena, no se ha pronunciado públicamente sobre el mecanismo y los tiempos que tiene previsto para elaborar y dar a conocer al Gobierno las conclusiones de las indagaciones que lleva adelante en el país.