Ciberdelincuencia avanza en Ecuador y la justicia no logra alcanzarla: ¿Hay solución?
Pese a avances legales, ciudadanos siguen siendo víctimas de delitos digitales. Desde la Asamblea, surge una nueva propuesta
Ecuador enfrenta un aumento sostenido de delitos digitales, mientras su sistema judicial continúa rezagado frente a los desafíos que impone la tecnología. Entre enero de 2022 y mayo de 2025, la Fiscalía General del Estado recibió 20.602 denuncias por ciberdelitos, según datos proporcionados a Diario EXPRESO.
El ciberdelito más común es la apropiación fraudulenta por medios electrónicos con 11.833 casos (57%). Le siguen las estafas digitales (4.567), accesos no consentidos a sistemas informáticos y delitos relacionados con vulneraciones de datos.
Para Lenin Hurtado Angulo, PhD en Derecho y docente universitario especializado en Derecho Informático, el país aún carece de una respuesta institucional adecuada frente al cibercrimen. “La preparación institucional es muy limitada”, advierte.
Si bien Ecuador cuenta con el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica delitos digitales como la extorsión o la pornografía, y se adhirió recientemente al Convenio de Budapest —que promueve la cooperación internacional en la lucha contra el cibercrimen—, aún persiste un vacío legal en cuanto a la responsabilidad de las plataformas digitales en la protección de datos.
Para Hurtado Angulo, estos avances legales no se traducen en una verdadera capacidad operativa. “Es un ideal que no se ha logrado todavía para enfrentar adecuadamente estas infracciones, que cada vez tienen mayor incidencia en el país, sobre todo en el sistema financiero", sentencia Hurtado”, afirma.
Mientras la ciberdelincuencia aumenta en Ecuador, el sistema judicial aún enfrenta limitaciones estructurales que se evidencian en la vida cotidiana. Usuarios que sufren hackeos a sus cuentas bancarias pierden dinero sin obtener respuestas claras ni soluciones, a pesar de que existe una Ley de Protección de Datos que debe ampararlos.
Inés Alarcón
“Nadie le da una respuesta porque al final del día eso es un delito digital que nadie está controlando. Las plataformas digitales hoy no son controladas por nadie”, cuestiona por su parte Inés Alarcón, asambleísta de ADN y presidenta de la Comisión de Seguridad del Legislativo, quien sostiene que debe haber una corresponsabilidad de quienes están al frente de las plataformas digitales.
“Sin ley, estamos indefensos ante ataques digitales”, advierte la legisladora, quien lamenta que en el anterior periodo de la Asamblea Nacional, en junio de 2024, se haya archivado el proyecto de Ley de Seguridad Digital por “retaliaciones políticas sin justificación técnica”.
¿Qué tan preparado está el sistema judicial para enfrentar la ciberdelincuencia?
Aunque desde 2002 Ecuador introdujo el concepto de delitos informáticos con la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensaje de Datos, y más tarde con el COIP, para Hurtado la legislación no ha logrado mantenerse al ritmo del crimen digital.
Función Judicial en general cuenten con profesionales capacitados para la identificación y la
sanción de estas infracciones.
Lenín Hurtado
El experto también cuestiona la falta de especialización en los canales de investigación: “La Fiscalía tenía antes una división especializada en delitos informáticos, ya no lo tiene", asegura. Y esa debilidad, indica, también alcanza al sistema judicial.
“El Consejo de la Judicatura tiene que hacer un gran esfuerzo para capacitarlos, a los jueces de garantías penales, para que identifiquen o ayuden en la identificación correcta a la Fiscalía de este tipo de delitos”, menciona el docente universitario, quien agrega que la falta de formación limita la capacidad institucional frente al aumento de estafas digitales y ataques a datos personales.
Aunque reconoce avances por parte de la Policía Nacional en la formación de peritos, insiste en que se necesita fortalecer los procesos de recopilación, preservación y análisis de evidencia digital, fundamentales para evitar la impunidad.
Surge una nueva propuesta que reconoce los derechos digitales
Ante la ausencia de un marco legal actualizado y efectivo para enfrentar este tipo de amenazas, la Comisión de Seguridad analiza un nuevo proyecto de Ley Orgánica de Protección Digital, que busca establecer responsabilidades y sanciones administrativas —no solo penales— a personas y entidades, públicas o privadas, que incumplan su deber de garantizar la seguridad de la información de los usuarios.
La propuesta, detalla Inés Alarcón, incluye la creación del Sistema Nacional de Seguridad Digital, que estaría conformado por subsistemas de ciberseguridad, ciberdefensa, ciberinteligencia y ciberdiplomacia.
Además, reconocería por primera vez en la legislación ecuatoriana los derechos digitales, como la identidad digital y la protección de datos personales, especialmente frente a delitos como la suplantación de identidad o el fraude electrónico.
“Somos uno de los pocos países en la región que no contamos con marco normativo en el tema (...) no podemos avanzar si es que no vamos de la mano con la tecnología", reconoce la asambleísta Alarcón, quien aspira que el nuevo proyecto de ley sea aprobado hasta septiembre de 2025.
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