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Chevron y otros asuntos

El sábado pasado, el mismo día que en nuestro artículo Chevron vs. Ecuador expresáramos que era legítimo que el Gobierno coordinara el pago de los $96 millones dispuestos en el laudo arbitral del Tribunal de La Haya con lo debido por Chevron, en suma mucho mayor, a los indígenas de la Amazonía ecuatoriana, conforme sentencia de la Corte Superior de Sucumbíos -por grave daño ambiental cuando operó en el país-, otro diario nacional traía la noticia del pago hecho el día anterior por Ecuador a Chevron. Cumplía así con lo resuelto en el laudo por la supuesta “denegación de justicia” en que habrían incurrido los jueces y tribunales ecuatorianos por su demora en resolver los reclamos de la petrolera norteamericana. Pero no se decía nada sobre la propuesta de Ecuador a Chevron para que esa suma fuera transferida por la petrolera para cumplir en parte con la sentencia dictada años atrás por la Corte de Sucumbíos. Peor aún, el gerente del Banco Central, Diego Martínez, tras ser efectuado el pago, declaró en Radio Mundo: “No estamos de acuerdo con la forma en que funcionan estos instrumentos internacionales, no obstante somos respetuosos y cumplimos con nuestras obligaciones internacionales”. Esto indica que la propuesta del Estado ecuatoriano -de depositar el valor del laudo en una cuenta en garantía, “hasta que la justicia determinara si esos fondos debían ser pagados a Chevron o atender el embargo pedido por las comunidades amazónicas”, además de ser humillante el pedir su consentimiento en lugar de hacer valer con autoridad el fallo de la corte ecuatoriana, al poner a su disposición compensar en mínima parte lo que debía Chevron a los indígenas amazónicos del país-, ni siquiera habría sido aceptada por la petrolera. Pero lo más grave quizá sea la falta de temple y de personalidad que en el ámbito jurídico muestra nuestro país en casos como este, como lo patentiza la Procuraduría del Estado que incluso cae en el ridículo al declarar pomposamente que seguirá juicios de “reposición” del pago hecho a Chevron, contra los jueces y tribunales ecuatorianos que demoraron la resolución de los procesos seguidos por la petrolera, en acto de increíble y servil sumisión frente a las acciones emprendidas por la prepotente empresa transnacional.

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