El fiscal provincial Alberto Santillán pidió fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio en el caso por posible peculado en la adquisición de pruebas PCR para detectar COVID-19, que estuvo a cargo de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

La Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal en un informe y la Fiscalía investigó el caso, en el que están involucradas 14 personas. Entre ellas, el alcalde capitalino Jorge Yunda, el exsecretario de Salud Lenin Mantilla, la secretaria de Salud Ximena Abarca y la asesora técnica Linda Guamán.

La instrucción fiscal se cerró el jueves a la medianoche. Lo siguiente en el caso es que el presidente de la Corte de Pichincha, Wladimir Jhayya, declare concluida la instrucción y fije fecha y hora para la audiencia preparatoria de juicio en la que el fiscal Santillán sustentará su dictamen.

Antes del cierre del expediente, el presidente de la Corte le negó al excandidato presidencial César Montúfar la posibilidad de ser parte procesal como acusador particular. El pedido lo presentó el 8 de marzo. La acusación la dirigía contra Yunda como posible coautor y contra Mantilla (prófugo). Justificaba que para ellos los representantes del Municipio no presentaron acusación particular, como sí lo hicieron para siete sospechosos.

El presidente de la Corte inadmitió la solicitud de Montúfar porque no se ha justificado su condición de víctima. Jhayya precisó que, al ser un delito contra la administración pública, la presunción de víctima recae en la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito.

Antes del cierre de la instrucción, el titular de la Corte autorizó la apertura, explotación y preservación de la información contenida en la página de Facebook del Municipio en su sección ‘Videos’, en la que consta la continuación de la sesión 90 del Concejo Metropolitano de Quito del 10 de septiembre del 2020. En esa reunión consta la explicación técnica “para posibles falsos positivos y negativos de pruebas de COVID-19”.

También dio paso a la apertura, explotación, preservación, análisis, extracción, transcripción, materialización e imagen forense de la información del correo electrónico linda.guaman@gmail.com del 25 de enero del 2021, relacionada con un chat de WhatsApp con Miguel Ángel García, de la UDLA. Además, autorizó las audiencias privadas para el reconocimiento y exhibición de los contenidos. La instrucción del caso inició el 13 de noviembre de 2020.

Pruebas

Las dudas del informe de la UDLA

La Universidad de Las Américas en un comunicado reiteró que los resultados entregados al Municipio de Quito demostraban que de cada 100 casos positivos, la prueba de Isopollo COVID-19 no detectaría más de 65.

Indicó que eso significa que, con esas pruebas, un 35 % de las personas podrían recibir un diagnóstico negativo “a pesar de estar infectadas con COVID-19 (falsos negativos)”. Dijo que sus resultados coincidían con los de México.

Posiciones

Explicaciones

Nicolás Salas, defensor del caso, señaló que en la investigación comparecieron varios expertos y algunas de sus explicaciones ponen en duda las conclusiones del informe de la UDLA sobre la sensibilidad de las pruebas adquiridas por la Secretaría de Salud del Municipio. Dijo que la Fiscalía deberá hacer la valoración.

Defensa

La asesora técnica de Salud Linda Guamán señaló que la discusión no es si la UDLA hizo bien o mal y si el informe tiene o no validez. Afirmó que el informe no es vinculante y que no puede ser utilizado en el país. Si las pruebas fueron buenas o malas, no se puede concluir con un informe, argumentó.