Caso Villavicencio: claves del nuevo capítulo con España
El caso Villavicencio entra en una fase de tensiones diplomáticas entre la Justicia de España y Ecuador
Las cortes de Aragón y Cataluña se han convertido en el inusual escenario donde se libra el capítulo más reciente del asesinato de Fernando Villavicencio. Desde celdas y libertades procesales en España, figuras señaladas como piezas clave del crimen organizado han pasado de la clandestinidad a una ofensiva mediática y judicial que apunta directamente a Carondelet. El testimonio de Wilmer Chavarría, alias Pipo, y las recientes declaraciones de Willian Alcívar, alias Negro Willy, han encendido las alertas en Quito por el alcance de sus señalamientos y el manejo de la Asistencia Penal Internacional (API).
La estrategia del ventilador en Zaragoza
Durante su comparecencia ante la Justicia española, Chavarría negó cualquier vínculo con el magnicidio del 9 de agosto de 2023. Sin embargo, su intervención no fue un simple acto de defensa; ‘Pipo’ activó una narrativa que busca vincular al presidente Daniel Noboa con el crimen, alegando —sin presentar evidencias— que el exasambleísta Villavicencio poseía audios comprometedores contra el mandatario. Esta postura es interpretada por el Ministerio del Interior como una maniobra desesperada para frenar su extradición a Ecuador o Estados Unidos, países donde su organización es considerada un grupo terrorista.
En este tablero, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Ecuador ha mantenido una postura de cautela técnica. Al rechazar formalmente el acceso directo al testimonio bajo el principio de especialidad, el organismo deja la responsabilidad final en manos de los jueces españoles. Esta decisión ha sido capitalizada por sectores de la oposición, como la Revolución Ciudadana, que sugieren una supuesta falta de transparencia en el proceso para ocultar información sensible que podría comprometer la estabilidad del Ejecutivo.
Entre barberías y vacíos legales
Mientras ‘Pipo’ litiga desde prisión, el panorama se vuelve más complejo con la reaparición de ‘Negro Willy’ en Tarragona. Tras quedar en libertad a finales de 2025 por el vencimiento de plazos de extradición, el señalado como cabecilla de Los Tiguerones ha intentado lavar su imagen pública. En una reciente entrevista, no solo negó su participación en actos terroristas, sino que afirmó haber apoyado la campaña presidencial actual, una aseveración que el ministro John Reimberg calificó de "disparate sórdido".
La narrativa de Alcívar sobre su nueva vida como empresario de barberías en Europa ha levantado suspicacias entre analistas de seguridad. Expertos señalan que este tipo de negocios suelen ser fachadas comunes para el blanqueo de capitales debido al alto flujo de efectivo, lo que pone en duda la veracidad de su supuesta "reforma" personal. Para los especialistas, el hecho de que estos sujetos encuentren espacios de difusión en el exterior refleja una preocupante "ideologización" del conflicto de seguridad ecuatoriano.
Un pulso por la credibilidad judicial
La familia de Villavicencio, por su parte, ha cerrado filas contra lo que consideran una alianza entre el crimen organizado y sectores políticos específicos. Amanda y Tamia Villavicencio han sido enfáticas al señalar que estas declaraciones son "coletazos de ahogado" de estructuras criminales acorraladas que buscan confundir a la opinión pública mediante noticias falsas.
El desenlace de este capítulo depende ahora de la interpretación que la Justicia española dé a los convenios de cooperación. Mientras en Ecuador se mantienen vigentes las órdenes contra presuntos autores intelectuales como Xavier Jordán y José Serrano, el proceso en España añade una capa de incertidumbre sobre qué pruebas serán admitidas y cómo afectarán el cierre de una instrucción que sigue siendo la herida más abierta de la política nacional.
