Luis Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi, es el primero de los 15 investigados por posible delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres, que asumirá la responsabilidad del delito investigado.

Él será juzgado por uno de los cuatro procedimientos especiales que contempla el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Jorge Touma, docente de la Universidad Andina en Teoría Procesal Penal, especifica que Celi no está obligado a dar detalles, pero sí a reconocer que participó en el hecho que se le atribuye.

Según la Fiscalía, en la Contraloría, Secretaría de la Presidencia y Petroecuador se habría formado una posible estructura delincuencial para el cobro de coimas a cambio del desvanecimiento de glosas.

El juez de la Corte Nacional, Felipe Córdova, fijó para el próximo 26 de agosto, a las 09:00, para que se desarrolle la diligencia. Ese procedimiento tiene reglas.

El COIP dispone que se aplicará cuando los delitos se sancionen con penas de hasta 10 años de cárcel. Dice que la propuesta de la Fiscalía podrá presentarse desde la audiencia de formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Situación que en el caso Las Torres también se cumple.

Además, requiere que el procesado consienta en la aplicación y en la admisión del hecho que se le atribuye. El abogado debe acreditar que el procesado haya prestado su consentimiento libremente, sin violación a sus derechos constitucionales, señala el Código.

También aclara que la existencia de varios procesados no impide su aplicación y contempla que en ningún caso la pena por aplicar podrá ser superior o más grave a la sugerida por la Fiscalía.

Pablo Encalada es uno de los defensores de los procesados. Coincide que en principio la solicitud de Esteban Celi un poco le da la razón a la Fiscalía en la existencia de la posible estructura delincuencial. Pero cree que en el caso de (Pablo) Celi ‘está derrotado’ porque “sabe que con la presión que ejerce Fiscalía es muy difícil que salgan los hermanos Celi, entonces se asegura una pena reducida. Total él ya está en la cárcel”, manifestó.

El exdefensor Público, Ernesto Pazmiño, ratifica que el abreviado “es un mecanismo para terminar, en momentos tempranos del proceso judicial, juicios iniciados por delitos menores (condenados hasta con cinco años de pena), que en EE. UU. forma parte de lo que se llama la justicia negociada”.

Explica que ese método responde a un acuerdo que llegan la Fiscalía (representando a la víctima) y la defensa. Pazmiño está de acuerdo con ese sistema, ya que es muy ventajoso porque le evita gastos al Estado, y jueces y fiscales se dedican a perseguir casos graves.

Acota que en todos los países que utilizan ese procedimiento nunca piensan en la cárcel, ya que imponen una sentencia de condena, pero aplican la suspensión condicional de esa pena, que también contempla el COIP.

Reconoce que lamentablemente en el Ecuador, con el abreviado, el procesado siempre termina en la cárcel, lo que para él es inconstitucional, pues se pasó “de tener presos sin sentencia a tener condenados sin juicio”.

La audiencia se dará casi 15 días después de que la instrucción fiscal concluya el 12 de agosto después de los 120 días de investigación. Antes, este viernes, desde las 08:30, se recibirán seis testimonios anticipados. Cuatro desde el Ecuador y dos desde Estados Unidos de Raúl de La Torre, familiar del excontralor Pablo Celi y José de la Paz, de la empresa NoLimit.

El caso Las Torres inició con ellos y una asistencia penal, luego de su procesamiento en EE. UU., en donde admitieron la recepción y pago de coimas para el desvanecimiento de glosas y la liberación del pago de planillas que adeudaba Petroecuador a contratistas como NoLimit.

Sanción

La pena podría ser 28 meses

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), quien se somete al procedimiento abreviado pudiera recibir hasta un tercio de la pena mínima prevista para el delito.

La delincuencia organizada se castiga con entre siete y diez años de cárcel. Eso quiere decir que, en el caso de que se concrete el pedido de Esteban Celi, pudiera recibir una condena de hasta 28 meses (dos años y cuatro meses).

El catedrático Jorge Touma explica que la persona que se someta va a tener el beneficio, pero que no puede ser menor a dos años y cuatro meses. Puntualiza que no está obligado a dar detalles del caso porque no es colaboración eficaz.

El detalle

Caso. Un día después de las elecciones del 11 de abril se hicieron varios allanamientos y detenciones.