Noche de infarto en la Asamblea Nacional: la correísta Sofía Espín estuvo a un tris de salvarse de la destitución. El proceso instaurado en su contra por Esteban Bernal (CREO) bajo la acusación de interferir en la justicia (por haber visitado a una testigo del caso Balda con el presunto fin de cambiar su testimonio) llegó ayer a su jornada decisiva: el Pleno se reunió para conocer el informe de la comisión investigadora, que la encuentra culpable. Pero, con apenas 93 asambleístas presentes en el hemiciclo al filo de las 21:00, no había los votos suficientes para sancionarla. Más de cuatro horas de debate que amenazaban con prolongarse al infinito no podrían sino conducir a su absolución definitiva. Entonces, una propuesta de última hora presentada por la oficialista María José Carrión salvó el proceso y prolongó la agonía de la acusada hasta la próxima semana.

Fue una sesión llena de sorpresas, efectos teatrales e incertidumbres aderezadas por una Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) heredada del correísmo y que, de tantos vacíos y agujeros, parece un queso gruyere. Para empezar, la sesión se abrió sin un acuerdo sobre la cantidad de votos que se necesitan para destituir a un asambleísta. Por escrito, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) pidió al Pleno elegir entre una de estas dos alternativas: mayoría simple (la mitad más uno de los presentes) o mayoría absoluta (la mitad más uno de los integrantes). Entonces, lo inaudito: Fernando Flores (CREO) pidió la palabra y puso la zancadilla a su propio bloque. Mocionó aplicar la mayoría calificada: las dos terceras partes de los votos, esto es, 91. Contra todo pronóstico, la propuesta fue aprobada con 87 votos a favor.

91 votos se necesitan para destituir a un ministro. Suena coherente que se requiera lo mismo para destituir a un asambleísta. Pero no es legal. Así lo explicó Eliseo Azuero cuando le tocó el turno de hablar: para la destitución se requiere una resolución del Pleno; y una resolución del Pleno se basta con la mitad más uno de los votos. Nada que hacer: la moción de Flores ya había sido votada. Lo que no deja de producir una incómoda sensación es el hecho de que Flores, a quien sus asesores denunciaron por haberles cobrado un porcentaje de sus sueldos, será uno de los primeros beneficiados de esta decisión. 91 votos es algo muy difícil de lograr en una Asamblea donde dos de los bloques más numerosos (el oficialismo y CREO) no parecen tener control sobre sí mismos.

La zancadilla de Flores (largo rato estuvieron los de CREO fuera del hemiciclo, jalándole las orejas) decidió las cosas. Los correístas festejaban por adelantado, celebrando con abrazos y aspavientos sus intervenciones. Todos giraban en torno a una figura novedosa en este Pleno: Luis Molina, joven abogado de Rafael Correa y asambleísta alterno de Mónica Alemán, quien le cedió su puesto para que armara la defensa. Los argumentos de Espín y los suyos: temas de procedimiento, especialmente la negación al derecho a la defensa de la que supuestamente fue víctima, y, cómo no, los vacíos de la maravillosa LOFL del correísmo.

Se acercaba el inevitable desenlace. Cundía la desesperación en la bancada de CREO. Entonces tomó la palabra María José Carrión, con una boya en la mano. Bondadosamente, acogió la queja de Espín: ¿no tuvo derecho a la defensa? Pues téngala. Entregue sus pruebas por secretaría para que cada uno de los asambleístas podamos conocerlas. Reunámonos de nuevo en 72 horas para decidir. Salomónica. Llanto, crujir de dientes y alaridos en la bancada correísta. Votación: 85 a favor de la propuesta. A último momento, la Asamblea Nacional ganó la oportunidad de no quedar, otra vez, como el perro.

Cabezas no tuvo control

Inaudito: Elizabeth Cabezas pidió permiso a Sofía Espín para abrir el debate. La correísta, al principio de la tarde, mocionó votar de una vez el informe de la comisión. Se supone que una moción debe ser votada de inmediato, pero ¿también cuando tiene que ver con el objeto del debate? Durante más de diez minutos, la presidenta no supo qué hacer.