El caso Samanes: las ofertas incumplidas para los militares
Veintidós dólares. Ese fue el precio promedio por metro cuadrado que en 2010 pagó el Ministerio del Ambiente al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (Issfa), por la transferencia de 220, 86 hectáreas de terrenos del área de recreación Samanes, en Guayaquil.
La entonces titular de la cartera del Ambiente, Marcela Aguiñaga -hoy asambleísta- había formulado al Ministerio de Defensa la propuesta de compraventa de esos predios ubicados dentro de una superficie que había sido declarada Patrimonio Natural de Áreas Protegidas.
La oferta de venta de 66 lotes por $ 48’220.391,81, cuyo monto se basó en un avalúo de la estatal Dirección Nacional de Avalúos y Catastro (Dinac), fue aceptada por los ochos miembros del consejo directivo del Issfa, que estaba presidido por el entonces ministro de Defensa, Javier Ponce.
La compraventa se formalizó el 7 de diciembre de 2010. La suscribieron José Noritz Romero, director del Issfa; y Mercy Borbor Córdova, ministra del Ambiente encargada.
Pero la negociación de los terrenos implicaba además el cumplimiento de posibles compensaciones que el ente del seguro social de los militares esperaba recibir del Gobierno, por el aporte de los predios de su propiedad que iban a ser utilizados para la construcción del parque Samanes.
Así lo estableció la resolución del consejo directivo del Issfa emitida el 6 de septiembre de 2010, en la que se decidió aceptar la propuesta del Ministerio del Ambiente para la entrega de los terrenos.
Una comisión integrada por los jefes de Estado Mayor, del Comando Conjunto y de las tres ramas de las Fuerzas Armadas, además de un integrante del consejo directivo del Issfa fue asignada para presentar esas posibles medidas compensatorias.
La comitiva castrense estableció que el Ministerio de Defensa Nacional disponía de predios que podrían ser utilizados para programas de vivienda del Issfa a favor de sus afiliados.
En consecuencia, de acuerdo a lo que determinó la comisión, esos inmuebles podían ser transferidos al Issfa como parte de las compensaciones por la entrega de los terrenos de Samanes.
Ya meses antes, el ministro Ponce había adelantado públicamente detalles sobre esas compensaciones para los militares, que implicaba inversiones por alrededor de $ 100 millones.
En abril de 2010, el funcionario dijo que consistían en la entrega al Issfa de 8.000 bonos de vivienda para la construcción de un plan habitacional ($ 40 millones) y una línea de crédito $ 15 millones) para los trabajos de urbanización.
El general (r) Ernesto González, uno de los miembros del consejo directivo del Issfa en esa época, señala a EXPRESO que el Gobierno no cumplió con su oferta. Eran 32 hectáreas urbanizadas que se debían transferir para hacer proyectos habitacionales”.
“Ese fue un compromiso de los ministerios del Ambiente y de Defensa, de Marcela Aguiñaga y Javier Ponce”, asegura el oficial en servicio pasivo.
Este Diario buscó las versiones de los dos exministros, sin éxito. Sus asesores de comunicación indicaron que los funcionarios tenían ocupadas sus agendas.
También se pidió un pronunciamiento de las actuales autoridades del Ministerio del Ambiente, sin que haya respuesta hasta el cierre de este artículo.
Terrenos de una vieja lotización
Los 66 lotes que el Issfa vendió al Ministerio del Ambiente correspondían a una lotización que se llamó Santa Inés.
Eran terrenos que la entidad de seguridad social había adquirido, a través de contratos de compraventa, al Ministerio de Defensa y a personas naturales y jurídicas; otros por restitución que a su favor le hizo el fideicomiso Ciudad Huancavilca 1; y por permuta, de parte del fideicomiso Indiner.
En el contrato de compraventa con el Ministerio del Ambiente, el Issfa declaró que esos inmuebles no estaban hipotecados, embargados o prohibidos de enajenar, ni soportaban algún tipo de gravamen.
