Caso Purga: audiencia continúa con reproducción de testimonios anticipados

La audiencia de juicio por el caso Purga se reinstaló este jueves 6 de febrero con la reproducción del testimonio de Ruth Catalina Solano, exdirectora de Asesoría Jurídica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y que está señalada en una de las aristas de este proceso por delincuencia organizada.

Esto es parte de la práctica de prueba del fiscal general subrogante Wilson Toainga que arrancó la tarde del miércoles con la lectura del testimonio anticipado de Mayra Salazar, ex relacionista pública de la Corte Provincial de Justicia del Guayas y de Daniel Salcedo, ambos sentenciados en el caso Metástasis.

El tema del Cuerpo de Ingenieros del Ejército parte de una acción de protección con medida cautelar que esta institución solicitó en Samborondón en 2023, pese a que se trataba de un litigio con la Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas de Quito, por un contrato de pavimentación por 30 millones de dólares. Su argumento era que la empresa municipal le tenía que pagar un monto pese a haber aplicado la terminación de contrato por incumplimiento. Además, existían observaciones desde la Contraloría. Sin embargo, lada negó el recurso y el Cuerpo de Ingenieros apeló.

La causa llegó a un tribunal integrado por los jueces Guillermo Valarezo, Henry Taylor y la presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo. Según el testimonio de Salazar, un asesor del Cuerpo de Ingenieros que en su celular registró con el nombre de Andrés 'Militares' y que ella y Gallardo llamaban 'El Tóxico', presionaba para lograr una resolución a su favor y le envío en una ocasión unos dulces.

Tanto en su testimonio como en el de Solano, se dice que la persona era Andrés Chávez Peñaherrera, quien está prófugo y trabajaba en comisión de servicios en el Cuerpo de Ingenieros. El 1 de noviembre de 2023, el tribunal falló parcialmente a favor de la institución y desde el 9 de noviembre hay registros en los chats de Salazar sobre diálogos para acordar una remodelación de una sala en la Corte Provincial. Gallardo quería dejar una obra para que se recordará su paso por la Presidencia de la Corte, según Salazar y ese habría sido el trato para fallar a favor de la institución militar. Por este asunto están también vinculados los jueces Valarezo y Taylor.

Solano entra a la historia, según su abogado Pedro Bermeo, porque desde su cargo como directora de Asesoría Jurídica refugio la disposición del coronel Juan Xavier Riofrío de liquidar 7000 dólares por un piso de 160 m2 en una oficina pública. Ella estuvo a cargo de transferir a Mayra Salazar USD 1485, alrededor de 4000 por la compra de la cerámica y el resto por traslado y ejecución.

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Bermeo señala que el único mensaje entre su defendida y Salazar es la notificación de esa transferencia y todo fue aprobado por el comandante de su área. Chávez, en cambio, comunicaba todo a las autoridades y a la gente en la Corte. Sin embargo, dice, este caso no se puede catalogar como delincuencia organizada ni tiene relación con el resto de hechos narrados en Purga, pues para que se cumpla con las condiciones para ello, debe haber acuerdo o concertación, conducta permanente o reiterada y beneficio. En este caso, Bermeo asegura que Solano no tenía comunicación alguna con quienes son señalados como líderes de la organización: Gallardo, el exjuez Johan Marfetán y el exasambleísta Pablo Muentes.

¿Qué  más relató Ruth Catalina Solano?

Durante su testimonio anticipado, Solano relató que en enero de 2024, cuando Salazar ya estaba presa por el caso Metástasis, Gallardo la llamó y contactó varias veces y muy preocupada. Le pedía que se justifique la entrega del piso como un convenio interinstitucional, pero eso no ocurrió. De hecho, los trabajos de remodelación seguían haciéndose cuando en diciembre arrestaron a Salazar.

En marzo de 2024, Solano fue detenida y desvinculada del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Estuvo durante al menos seis meses en el centro penitenciario regional de Cotopaxi y en su testimonio dijo haber sido víctima de persecución por parte de personal militar que ingresaba al lugar por la crisis carcelaria.

También relató haber sido instigada al suicidio en su celda en Latacunga y contó que alguna vez hicieron una requisa varios uniformados únicamente en su celda. Le pedían que entregué su celular y que se haga cargo de este asunto y que no cuente lo que sucedió con el tema de la acción de protección y el piso de la oficina de la Corte. Ella ingresó al programa de protección de testigos, contó que tuvo cinco valoraciones psicológicas, atención psiquiátrica y que tomaba pastillas para dormir al momento de su testimonio en agosto pasado.

Luego se acogió al silencio y el resto de procesados registraron sus preguntas ante el testimonio. Por ejemplo, el coronel Riofrío pidió precisiones sobre fechas, preguntó si el esposo de Solano seguía trabajando en el Cuerpo de Ingenieros, si existía parte informativo sobre los supuestos acosos que que Solano dijo haber sufrido y quién le había autorizado a tener celular en su celda. Esas y otras preguntas suyas y de otros procesados como el exjuez Tylor quedaron sin respuesta.

En agosto, su defensa solicitó revisión de sus medidas cautelares. En principio, el juez Javier de la Cadena dispuso su traslado a la Casa de Confianza en Chillogallo, Quito, pero desde noviembre pasado, Solano tiene orden de presentaciones periódicas y prohibición de salida del país. Se defiende en libertad.

Luego se inició la reproducción del testimonio anticipado del exjuez Alberto Lino Tumbaco. La audiencia se suspendió hasta las 14:30 y, según el anuncio de la jueza ponente, de extenderá hasta la noche. Luego se reinstalará la próxima semana, para que quiénes deban viajar para ejercer su derecho al voto puedan hacerlo.

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