Aquiles Álvarez acusa a Aguiñaga: ¿Un error jurídico que podría llevarla a prisión?
El alcalde de Guayaquil señala a la prefecta de peculado y arrogación de funciones. Experta analiza la situación
La guerra política entre el Municipio de Guayaquil y la Prefectura del Guayas ha escalado al plano penal, otra vez. La decisión de la prefecta Marcela Aguiñaga de dar un ultimátum de cinco días al cabildo para "despejar" la avenida Del Bombero desató una furiosa respuesta del alcalde Aquiles Álvarez, quien la acusó de cometer dos graves delitos: peculado y arrogación de funciones.
Disputa crea conflicto legal
En un duro comunicado, el alcalde Álvarez calificó la gestión de Aguiñaga como la de una "emperadora" y una "marioneta del poder central". Su principal acusación se centra en la amenaza de la Prefectura de usar maquinaria, combustible y personal provincial en una obra de competencia exclusivamente municipal. "Esto, señora Prefecta, se llama peculado, y la Contraloría tiene todo el derecho de iniciar las acciones correspondientes", sentenció Álvarez.
El peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), sanciona a los funcionarios públicos que abusan, se apropian o disponen de bienes públicos en beneficio propio o de terceros. La pena por este delito es una de las más severas: prisión de diez a trece años.
El segundo señalamiento es la arrogación (o usurpación) de funciones. Álvarez argumenta que el COOTAD es claro al establecer que la competencia vial de la Prefectura no incluye zonas urbanas.
Bajo la lupa legal
Esta visión es respaldada por la constitucionalista Carolina Calderón, quien considera que la orden de "despejar" la vía está "totalmente fuera de contexto" y no corresponde a una competencia provincial.
"Evidentemente existe arrogación de una función", afirma Calderón, explicando que esto ocurre cuando una autoridad asume indebidamente las competencias de otra. Este delito, contemplado en el artículo 287 del COIP, se castiga con pena de prisión de uno a tres años
La abogada además cuestiona la selectividad de la Prefectura, señalando un reciente "ecocidio" en la ciudadela Las Garzas sobre el cual, afirma, no ha habido pronunciamiento, a pesar de que la ley sí le da facultad para "prevenir, controlar y sancionar" daños ambientales en la provincia.
EXPRESO solicitó vocería con la Prefectura del Guayas sobre este tema, para conocer la defensa legal del ultimátum reenviado, pero nunca se confirmó hasta el cierre de este reportaje.
Aguiñaga se defiende: "Las bravuconadas no sirven"
Frente a las acusaciones, la prefecta Marcela Aguiñaga respondió en una entrevista que el alcalde "cree que gritando se consiguen las cosas" y calificó sus declaraciones como "bravuconadas". Defendió su decisión, asegurando que se basa en denuncias ciudadanas por los problemas de tránsito en la zona. "Si no está haciendo la obra, levante los impedimentos del libre tránsito. Si el Municipio no está de acuerdo, hay recursos para impugnarlos", afirmó.
La disputa ha dejado de ser un simple trámite administrativo. Con acusaciones penales sobre la mesa y penas de hasta 13 años de prisión en juego, el conflicto entre las dos principales autoridades seccionales de la provincia se adentra en un terreno legal complejo, cuyo desenlace dependerá de la interpretación de la Contraloría y, potencialmente, de la Fiscalía General del Estado.
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