En silencio. Callados. Nadie quiere relacionarse con Carlos Pólit, quien fue contralor general del Estado. Ahora, condenado por la justicia estadounidense, nadie lo conoce y prefieren no pronunciarse por lo espinoso que es el caso. Esto, a criterio de politólogos consultados por EXPRESO, se debe a que nadie quiere salir salpicado, pese a no tener nada que ver con él o con lo investigado.

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Pólit incursionó en la política en 2003, en el mandato de Lucio Gutiérrez. En ese tiempo fue secretario de la Presidencia, gobernador del Guayas y estuvo encargado del Ministerio de Bienestar Social. Luego, desde 2007 y por 10 años, fue contralor general del Estado, en el régimen de Rafael Correa.

Además, Pólit fue condecorado el 7 de mayo de 2013 por la Asamblea con un “reconocimiento al mérito cultural, educativo, deportivo y social”. Sin embargo, más tarde, en 2018, el Legislativo le revocó el galardón. ¿Pero a qué se debe que nadie, hasta la fecha, se pronuncie ni haga un mea culpa?

Para Mauricio Alarcón, abogado y director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, se debe tener en cuenta que la Contraloría General del Estado tiene un gran poder en nuestro país, en el sentido de que es el ente que vigila todo lo que se hace con los recursos públicos, por lo que considera que es altamente probable que un número considerable de políticos, independientemente de los partidos o movimientos a los que pertenezcan, tengan “rabo de paja”. Es por eso que ellos prefieren no pronunciarse, ya que pueden pensar que “por levantar polvo termina descubriéndose algo de ellos”.

Además, las declaraciones de quienes conforman el movimiento Revolución Ciudadana, como las hechas por Pierina Correa, acerca de que Pólit no fue un contralor de ellos sino que venía ejerciendo las funciones desde gobiernos anteriores, cuando “ellos (los correístas) fueron los que lo ratificaron”, demuestran que nadie quiere verse salpicado por ese tema, más de lo que ya están, analiza Jorge León, consultor en gobernabilidad y estrategia política, y director del Instituto Internacional de Marketing y Comunicación. “El silencio es una herramienta y es un tipo de respuesta, porque también comunica”.

Aunque León considera que no es necesario que el Gobierno se pronuncie al respecto, Alarcón opina lo contrario, ya que es una actitud irresponsable. El actual Gobierno debería pronunciarse y decir que respalda el trabajo de una Contraloría íntegra que haga bien su trabajo, que no se preste a chantajes. “En este momento hay que tener principios y tener posturas”.

En eso concuerda el exministro de Gobierno Henry Cucalón. A criterio del exfuncionario, todo el mundo debería pronunciarse, pero si no lo están haciendo es por la magnitud de los delitos cometidos por Pólit. Esto ha hecho que todos se quieran desligar porque “la justicia estadounidense ratificó que él era un traficante de responsabilidades a cambio de coimas”.

Cucalón se refiere también a la audacia que tuvo Pólit de denunciar a los miembros de la Comisión Ciudadana Anticorrupción, lo cual generó una sentencia, que luego fue levantada. Sin embargo, a juicio del exministro, estos tipos de casos merecen la condena general por parte de la ciudadanía, no solo hacia los políticos sino también hacia todos los estamentos gubernamentales.

Pero la reacción no solo debe ser en el ámbito electoral, señala Cucalón, sino judicial, para que no haya impunidad y de esta forma la ciudadanía crea en la justicia y participe en la política. Pero esto no sería suficiente, argumenta el analista político Daniel González, porque Pólit no es el único contralor que ha estado involucrado en actos de corrupción. También lo está Pablo Celi, ex contralor subrogante.

Para esto, González sugiere que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe establecer parámetros más fuertes y eficaces para lograr que los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) no tengan vinculación política partidaria, porque es esta entidad la que ejecuta los concursos para la designación no solo del titular de la Contraloría, sino también de otros organismos. “De esta forma estas personas realizarán un trabajo más responsable”.

Además, que los reglamentos para el concurso de méritos y oposición no queden a discrecionalidad del CPCCS, sino que estos sean incorporados a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana de Ecuador, porque cada nueva mayoría cambia el reglamento, advierte González.

A eso se le debería sumar un control cruzado, en el que intervenga la Función Judicial, como ocurre en Chile y en México, expone Alarcón. También se deberían valorar las denuncias ciudadanas. Asimismo, los procesos de impugnación tendrían que ser tramitados independientemente y no ser desechados por intereses particulares.

Pero todo el peso de esto caería sobre los hombros de la Asamblea Nacional, afirma León, ya que el gran deber que los legisladores tienen con la ciudadanía es buscar los mecanismos para que mañana cualquier autoridad sea juzgada en el país y no se fugue para no pagar su condena aquí. 

La molestia ciudadana, expresa el consultor político, es que ese dinero que los políticos corruptos se llevan no es recuperado. Por ello, desde el Pleno deberían crearse políticas para que sus bienes sean congelados, hasta el cuarto grado de consanguinidad.

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