Caso Las Malvinas: proceso a la espera de voluntad militar
La audiencia de apelación de prisión preventiva es el 7 de febrero. Abogado de las víctimas espera que esta no se levante
El sábado 8 de febrero se cumplen dos meses de la desaparición forzosa de los cuatro menores de Las Malvinas, presuntamente por un grupo de militares. Sobre este hecho, la Fiscalía ejecuta un proceso penal por el delito de desaparición forzosa. Aunque esta acción está gestionándose, hay pericias que no se han dado por falta de participación por parte de los militares y sus abogados, lo que no estaría permitiendo agilizar el proceso.
El miércoles 5 de febrero debió ejecutarse la audiencia reservada en las oficinas de Criminalística para observar en los videos de las cámaras del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y/o Segura EP el recorrido que hicieron las dos patrullas militares en la noche del 8 de diciembre, pero no se dio, expone Abraham Aguirre, abogado de las familias de las víctimas. Esto, debido a que no todos los abogados de los militares asistieron, lo que “dilata el proceso penal”, ya que esta fase, denominada instrucción fiscal, dura 90 días, contando fines de semana y feriados, a partir del 31 de diciembre de 2024.
Por otro lado, sigue pendiente la toma de la declaración de un coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quien debió rendir su versión el 28 de enero, pero no concurrió a la cita, manifiesta Billy Navarrete, director ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Este testimonio es clave, indica, porque no solo estuvo a cargo de la patrulla militar y porque fue quien entregó la vestimenta de los menores a la Unidad Antisecuestros y Extorsión de la Policía el 11 de diciembre de 2024, sino porque también “habría la información de que luego de lo ocurrido, el 12 de diciembre, él volvió al lugar, en Taura, para amenazar a la persona que prestó el teléfono” a los menores.
Esta declaración se debe dar antes de la reconstrucción de los hechos, señala Navarrete. Es por esto, por lo que no se realizó la diligencia el 30 de enero, sino que se la pospuso para el domingo 16 de febrero. “Esto da mala señal, con la ofrecida apertura por parte de las Fuerzas Armadas para esclarecer totalmente lo ocurrido esa noche del 8 de diciembre, porque él se debe a la institución, no es alguien que goza de voluntariedad autónoma para decir: ‘yo no voy’”.
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Audiencia para el levantamiento de la prisión preventiva de los militares
Es por estos antecedentes por lo que el abogado Aguirre manifiesta que no se debe levantar la prisión preventiva de los 16 militares procesados, la cual fue establecida el 31 de diciembre de 2024, en la audiencia de formulación de cargos, por el juez Dennis Ugalde, de la Unidad Especializada de Investigación de Uso Ilegítimo de la Fuerza. La audiencia de apelación se prevé que se realice hoy a las 08:05.
Otros de los motivos son porque los procesados son servidores públicos, expone Aguirre. Por otro lado, pueden tener los recursos y las facilidades para fugarse y no comparecer al proceso. “La prisión preventiva es la más idónea porque ellos podrían eliminar o influenciar para que el proceso no siga”.
Mientras tanto, también esperan la entrega del protocolo de autopsia por parte del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Este documento es importante porque determinan la data del fallecimiento, qué tipo de combustible fueron sometidos los cuerpos y si las lesiones fueron antes o después de la muerte.
EXPRESO se comunicó con Jesús López, abogado de los militares procesados; sin embargo, aunque se concretó una entrevista virtual, no asistió.
Otros procesos se suman
Por su parte, la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, según indica Aguirre, está recabando información sobre las causas de las muertes y quiénes participaron, para determinar quién tenía el rol de autor y los cómplices. Esta investigación es reservada por el delito de secuestro con resultado de muerte.
Para Navarrete, este caso ha permitido que otros hechos similares sean denunciados. Hasta la fecha han recabado información sobre 27 personas presuntamente detenidas y desaparecidas por militares, incluidos nueve menores, desde la declaratoria de conflicto armado interno. “Esto ha creado un efecto positivo porque lo han comenzado a denunciar”.
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