
Caso Ligados: Fiscalía pide revisión de medidas cautelares de correísta Esther Cuesta
La exasambleísta no ha cumplido con la medida de presentación periódica ante la Corte por encontrarse enferma en Italia
La Fiscalía General del Estado solicitó se convoque a audiencia para sustituir las medidas cautelares en contra de la exasambleísta correísta Esther Cuesta, quien es procesada por presunta asociación ilícita en el denominado caso Ligados.
De acuerdo con el expediente, el fiscal general (s) Wilson Toainga formalizó el pedido luego de que la Corte Nacional de Justicia haya certificado que, hasta el momento, Cuesta no ha dado cumplimiento con la medida de presentación periódica que se le impuso cuando fue vinculada al caso.
La exasambleísta Esther Cuesta fue vinculada al caso Ligados el 5 de junio de 2025, por su presunta participación en el delito de asociación ilícita en el proceso de designación del superintendente de Bancos. Como medida sustitutiva a la prisión preventiva, se le impuso la obligación de presentarse periódicamente, cada 13 de mes.
Augusto Verduga, exconsejero del CPCCS, insiste en pedir fianza para evitar prisión preventiva en el caso Ligados, que investiga presunta asociación ilícita en la designación del superintendente de Bancos.
— Diario Expreso (@Expresoec) July 8, 2025
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Esther Cuesta afirma estar imposibilitada de viajar por enfermedad
Sin embargo, en un oficio enviado el 10 de julio de 2025, la exasambleísta Esther Cuesta criticó la postura de la Fiscalía y recordó que semanas atrás ya envió los justificativos que demuestran su imposibilidad de cumplir con la medida de presentación periódica.
Entre los justificativos, que se pueden consultar en el expediente, consta un certificado médico escrito a mano y expedido por la médico cirujano Ghersi María Grazia en el que se señala que Cuesta padece del síndrome de enfriamiento de las vías respiratorias superiores con hiperpirexia, agravado por trastornos conocidos como de la articulación temporomandibular (ATM).
La médico cirujano italiana también señala en su certificado médico que "debido a la complejidad de la ATM, no es posible estimar un tiempo de rehabilitación; por lo tanto, en el interés de la salud de la paciente, no se recomienda ningún viaje aéreo y, sobre todo, viajes internacionales".

Fiscalía duda de la veracidad del certificado y señala a Cuesta
Pese a la insistencia de Cuesta, en un oficio anterior la Fiscalía General del Estado ya había analizado los justificativos enviados, señalando algunos reparos respecto a la supuesta dolencia que impide a la exasambleísta cumplir con una disposición judicial.
Por ejemplo, Fiscalía señala que los documentos constituyen copias simples, debido a que no se acredita su originalidad, certificación física o electrónica válidas. Asimismo, recuerda que toda documentación que se otorga en el extranjero se exige la Apostilla física o electrónica. De igual forma, sostiene que las condiciones médicas deben ser probada con documentos originales y avaladas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) o el Ministerio de Salud Pública.
En su momento la Fiscalía también sostuvo que a estos reparos se suma el detalle que llama la atención que Cuesta haya alegado esta dolencia dos días antes de tener que cumplir la medida de presentación periódica. "Esta práctica más bien evidencia su nula intención de comparecer al proceso penal y acatar una medida cautelar por demás permisiva y cómoda", indicó Fiscalía.
Cuesta pide que se cite a su médico, pero vía telemática
Ante los cuestionamientos de Fiscalía, la exasambleísta Esther Cuesta envió la documentación original que certifica su dolencia médica. Sin embargo, de persistir las dudas del Ministerio Público, también solicitó que se sirva a convocar audiencia para que la doctora Ghersi María Gracia reconozca el contenido de los certificados, pero vía telemática.
Cuesta también indicó que los certificados médicos no requieren de un Apostilla, según la Convención de La Haya y que Fiscalía ha realizado conjeturas tendenciosas que resultan irónicas "y raya en lo cruel afirmar que el someterme a un proceso penal selectivo e injusto, donde no se ha respetado mi inmunidad parlamentaria, genere una situación por demás incómoda, pues solo los costos de traslado ya causas un desequilibrio en las finanzas de mi familia (...)"
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