Actualidad

Ya no es un caso aislado

En el último año, el expresidente Rafael Correa ha visto, desde lejos, cómo la sombra de la corrupción se extiende ya por ocho de sus ministros.

Ya no es un caso aislado

Una caída en dominó. En el último año, el expresidente Rafael Correa ha visto, desde lejos, cómo la sombra de la corrupción se extiende ya por ocho de sus ministros. Casi un minigabinete en el arranque de la lucha anticorrupción liderada por su sucesor, Lenín Moreno.

La orden de captura emitida contra Ramiro González, el aliado y amigo personal de Correa que intentó su paso a la oposición, es también un certificado de defunción para la premisa más defendida por el antiguo régimen antes de la entrega de la banda: “tuvimos casos aislados de corrupción”, dijo Correa en febrero pasado, luego en abril y, recientemente, este mes.

La premisa se ha desbaratado por partes. Y en cadena.

Desde la caída de Carlos Pareja Yannuzzelli, propiciada por la prensa y la investigación de los Papeles de Panamá, el primer ministro huido no sería el último en ser requerido por la justicia.

El círculo se ha ido acercando con mayor velocidad desde que Correa dejó la banda presidencial, con Capaya y Aleksey Mosquera, el ministro “que trajo Alberto Acosta” a su Gobierno, pero que defendía como hombre propio, la cercanía hacia la primera oficina del anterior régimen se ha reducido a solo grados.

Allí están los que calificó de honestos, como Capaya; de haber hecho lo correcto, como Pedro Merizalde, quien cerró su offshore tras ser descubierto; los que no tienen “nada que ver con Odebrecht”, pero hoy están en calidad de prófugos por el caso como Walter Solís; los que habían “explicado todo”, pero hoy son requeridos para explicar más como Galo Chiriboga; los que son “inocentes”, “difamados” y “honestos”, como Jorge Glas, a quien hasta el presidente le retiró la confianza y funciones; los que no eran parte del Gobierno, pero lo parecían, como Carlos Pólit.

La lista larga abarca desde Petroecuador hasta Odebrecht y recorre los tres sucesivos gobiernos de Correa, desde 2007 hasta el del 2017. Como tal, todos incluyen una defensa pública del mismísimo expresidente, la mayoría de ellas minimizando las acciones ilegales, adjetivando con honestidad a sus colaboradores o tomando distancia de ellos.

La excepción, claro está, se produce esta semana con la fuga de Ramiro González, quien pese a ser su cercano aliado, a quien permitió la formación de un partido que llegó a convertirse de forma efímera en segunda fuerza electoral del país, terminó abiertamente enfrentado al correísmo, aunque nunca acogido por la oposición. Tras los allanamientos en su contra, Correa no ha hecho pública su postura, desentendiéndose de la relación política que mantuvieron durante casi todo un período.

La sombra proyectada sobre un gabinete que terminó la década casi invicto en condenas por corrupción, no tiene un fin cercano. Con las investigaciones en curso en distintos procesos liderados por la Fiscalía, la corrupción aislada ha muerto como estrategia de defensa. Si es que alguna vez estuvo viva.