Con la ratificación de la culpabilidad por presunto cohecho agravado en el caso Sobornos 2012-2016, a los procesados aún les queda una instancia para evitar que la sentencia se ejecutoríe o quede en firme: la casación.

Todos los defensores consultados por EXPRESO apelarán a esa posibilidad. Pero antes, una vez que les llegue la notificación escrita del fallo, pedirán aclaración y ampliación. Resueltos esos recursos, los abogados tendrán cinco días para presentar la casación. Y eso no ocurriría antes de mediados del próximo mes.

Normalmente el trámite de la casación en la Corte Nacional de Justicia toma mínimo seis meses, señala el exfiscal Franklin Bravo. Pero eso ocurría antes de que en esa instancia se dispusiera que los recursos pasen por una sala de admisibilidad.

Eso implica que un conjuez, previo al envío a la sala de sorteos para la integración de un tribunal, analiza si se cumplen los requisitos contemplados en el artículo 656 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Bravo explica que el recurso de casación se presenta contra una sentencia cuando se haya violado la ley por contravenir expresamente su texto, por haber hecho una indebida aplicación de ella, o por haberla interpretado erróneamente.

El COIP señala que no son admisibles recursos que contengan pedidos de revisión de los hechos del caso concreto ni de nueva valoración de prueba.

En el caso Sobornos los tiempos se han acortado. Su trámite no lo frenó ni la emergencia sanitaria por el coronavirus, ni las recusaciones y pedidos de diferimiento de los defensores. La defensa de Rafael Correa es una de las que más ha formulado pedidos. El último fue para evitar que se reinstale la audiencia de apelación, que fue negado por el tribunal presidido por David Jacho por considerar que tenía un afán de dilatar el caso.

En el caso Sobornos, lo que normalmente tomaba uno o dos meses se ha resuelto en 15 días, como deliberaciones de fallos o sus notificaciones. Algunos procesados le han atribuido motivaciones políticas al caso, pero los jueces lo han negado. Los defensores creen que por esa razón la resolución de tercera instancia se podría obtener hasta el 24 o 25 de septiembre.

Pablo Encalada defiende a Rafael Córdova. Considera que, aunque la admisibilidad del recurso usualmente dura entre seis y ocho meses, “con los apuros que existen” en el caso no cree que una resolución tome más de tres meses.

Dice que su cliente ha sido condenado únicamente por hacer aportes a la campaña de PAIS, pero sin tener ningún contrato con el Estado. Él confía en que el caso se resuelva en derecho y que los que deban ser sancionados lo sean, y no por estar en un grupo se castigue a inocentes.

La jurista Lorena Grillo hace estimaciones. Considera que una sentencia se notificaría hasta el 24 de julio. Los pedidos de ampliación y aclaración, hasta el 29. Y podrían estar resueltos hasta el 5 de agosto, si se actúa con rapidez.

Sus estimaciones, por la forma en que ha avanzado el caso, son que la resolución no estaría antes del 22 de septiembre y la ejecutoría del fallo, el 25. La defensa de Correa y Duarte ha confirmado que irán por la casación. Previamente se pedirá aclaración y ampliación.

La defensa de Alberto Hidalgo analizará la sentencia antes de presentar el recurso. Hidalgo fue el único de 19 sentenciados al que el tribunal de apelación le cambió su calidad de autor a cómplice y le bajó la pena de ocho años a 32 meses de cárcel.

Ese sería un buen augurio para ir a la tercera instancia. David Acosta, uno de los defensores, explica que cuando se trata de un juicio común demoran entre seis y ocho meses. Pero por tratarse de un caso político, no demoraría mucho.

Acosta indica que no todos los recursos se aceptan. Al sorteo del tribunal solo llegan los que superaron la admisibilidad. Si no aceptan a ninguno, no hay casación para nadie. Acosta observa otro problema que existe para la formación de un tribunal de casación en el caso Sobornos. En la sala ya no hay jueces que conozcan el caso. Todos los miembros han conocido el expediente en alguna instancia: durante el trámite de la instrucción, la apelación de las medidas, recusaciones, juzgamiento o apelación de la prisión y de la sentencia.

El abogado opina que estando vigente el concurso de jueces, lo legal sería que se espere a que concluya el proceso y se principalice a los nuevos jueces, para de ahí dar tramite al recurso.

El detalle

Reparos. David Acosta, abogado de Alberto Hidalgo, dice que no puede existir complicidad sin autor directo y, en el caso de él, no se ha demostrado.