Washington Esparza y Heidee Riofrío son solo un par de nombres en una lista de más tres mil migrantes ecuatorianos que trabajan en las áreas rurales y urbanas de ciudades europeas, para los que nunca el sueño de tener casa en su propio país ha estado tan lejano e inalcanzable.

A las trabas para concretar aquella aspiración no solo hay que sumar la distancia entre el lugar donde llegaron al mundo y el país hacia donde viajaron en busca de mejores tiempos; se debe también hacer constar los años que les ha tomado una lucha legal iniciada en 2016 ante una empresa española que los visitó en sus lugares de trabajo para prometerles hacer tangible ese sueño, a cambio de 20 mil y hasta 30 mil dólares, que tuvieron que pagar, y por el que muchas veces recurrieron a las deudas, para que al final no tengan nada o estén inconformes con lo que se les entregó.

El lugar prometido se llama de manera irónica ‘La Nueva Gran Ciudad’, pero en la realidad no alcanza a mostrarse sino como un espejismo. Apenas 100 familias residen en medio de un extenso terreno estéril sobre el que se anunciaba construir 12.500 casas repartidas en 14 etapas, con escuelas, hospitales y zonas recreativas.

Una de estas es Andalucía, en donde las quejas de sus pocos habitantes son múltiples. Que no tienen agua, que el servicio de energía eléctrica está enredado en un sistema comunitario al estilo de las posesiones irregulares de los barrios marginales. Denuncian la falta de seguridad y hasta el hecho de no contar con escrituras, sino simples promesas de compraventa o actas de entrega de llaves. Pero el asunto es más complicado que la falta de servicios.

Ni siquiera las miles de páginas reunidas en 25 cajas y que recogen las 746 denuncias que reposan en la Fiscalía de Durán, con las que un grupo de abogados locales buscan resarcir el daño a sus representados, alcanzan a resumir todo ese embrollo legal que Pavlav Rodríguez García, uno de los profesionales del derecho que defienden a varios afectados, esboza como un asunto de estafa masiva.

Todo se inició en 2008, cuando la empresa inmobiliaria Promaga, de propiedad del español Manuel Gavira Gómez y con sede en Cádiz, promocionó entre migrantes ecuatorianos radicados en 14 países, además de Ecuador, aquella grandilocuente y presuntuosa ‘Nueva Gran Ciudad’.

Los problemas comenzaron cuando los supuestos dueños viajaban hasta Guayaquil a recibir las llaves. “Lo que me encontré fue una casa hecha con materiales de mala calidad y encima no me dieron escrituras, sino apenas unas actas de compraventa y de entrega de obras”, narra en estos días del otro lado de la línea telefónica Washington Esparza Ojeda, un ambateño de 47 años que ha vivido la mitad de su vida en Cartagena (Murcia, España), donde se gana un sueldo como conductor de camiones.

Esparza es quien cada cierto tiempo cuelga en la cuenta de Twitter de la Asociación GAfectados Promaga una arenga dirigida a las 22 personas perjudicadas que integran esta organización. “Paso a paso todo llega y al final lo lograremos, somos afectados pero un buen equipo unido en la lucha”, mencionó el pasado 22 de septiembre. La organización tiene planteada una demanda en uno de los juzgados de Murcia en contra de Promaga y sus representantes. Además, es parte de los denunciantes que por medio de 22 abogados buscan justicia en los tribunales ecuatorianos, en un juicio contra siete representantes de la empresa española.

Uno de los acusados por los 746 afectados a los que se ha tomado testimonio desde julio de 2015, es precisamente Manuel Gavira Gómez, a quien en diciembre de 2017 el Tribunal Supremo de España sentenció a 40 meses de cárcel como autor responsable de cinco delitos contra la Hacienda Pública. La pena también contemplaba cinco multas por 7’775.290 euros en total.

Para junio de 2020, los medios españoles mencionaban que el empresario había logrado eludir la cárcel. “Los 40 meses de prisión que le ha impuesto el Tribunal Supremo han sido sustituidos por la Audiencia de Madrid por tres años de trabajos en favor de la comunidad”.

En Ecuador, la Fiscalía inició el 5 de diciembre de 2016 una investigación previa que permitió recoger denuncias en diferentes provincias del país donde existían damnificados. Toda esa información fue reunida en la oficina de la Fiscalía en Durán, donde a lo largo de estos cinco años estuvo a cargo de siete agentes. Uno de ellos fue Michael Uriguén, quien hace dos años dejó el caso, el cual quedó listo para el pedido de formulación de cargos. “No sé si ya se lo habrá hecho”.

El 23 de abril la causa fue sorteada y le correspondió tomar competencia al juez de Garantía Penal de Durán (a), Manuel Yuquilema Mullo, a quién el pasado 12 de mayo la agente fiscal Lourdes Parada le volvió a insistir por escrito que “señale fecha, día y hora para que se lleve a cabo la audiencia de formulación de cargos” en contra de nueve personas, lo cual no se concretaba hasta el cierre de esta edición, según el abogado Pavlav Rodríguez.

EXPRESO intentó telefónicamente ubicar a alguno de los representantes legales de Promaga. Uno de ellos es Sebastián Ricart, pero no responde a las llamadas ni mensajes de WhatsApp que se le dejaron desde la semana pasada. Se enviaron también correos a los representantes legales de varias de las personas que aparecen como acusadas en la investigación que mantiene la Fiscalía.

Mientras el tema legal se define, la Superintendencia de Compañías intervino en dos ocasiones, entre 2014 y 2015, a Promaga. Hasta que finalmente el 3 de diciembre de 2020 se la declaró en disolución y designó a un liquidador.

“El problema es que el banco de Ecuador no dio los préstamos prometidos y muchos compradores de casas dijeron de golpe que ya no querían las viviendas y que se les devolviese el dinero anticipado”, le contó Manuel Gavira en junio de 2020 al diario madrileño El País. Hasta se atrevió a mencionar que en Ecuador “tengo terrenos para hacer 5.000 casas, pero necesito financiación”, y que busca ayuda, “porque mi intención es pagarlo todo”.

El tema ahora es tratar de ubicar a alguien que crea en sus promesas.