La Asamblea Nacional encontró la solución para la crisis del sistema penitenciario. No podía ser más fácil. Consiste en echar de sus cargos al ministro de Gobierno, Patricio Pazmiño; a la secretaria jurídica de la Presidencia, Johana Pesántez, y al director del sistema de cárceles del país (SNAI), Edmundo Moncayo; enjuiciarlos políticamente; adoptar las “medidas que garanticen la prevención” y la “recuperación del orden” (cuáles serán esas medidas la Asamblea no lo dice); pedir a la Comisión de Fiscalización que en diez días informe al Pleno sobre lo que está ocurriendo ahí adentro (porque obviamente no lo sabe) y disponer al Ministerio de Finanzas que “concrete la entrega inmediata” de toda la plata que haga falta. Y ya está. Problema resuelto. El texto de la resolución correspondiente fue pergeñado por Rodrigo Collahuazo y aprobado con los votos de 85 asambleístas, la mayoría de ellos provenientes del bloque correísta y de aquellos que hasta la víspera se consideraban oficialistas y hoy buscan recuperar la identidad perdida.

A la sesión asistieron el ministro Pazmiño, el director de cárceles Moncayo y el comandante general de Policía, Patricio Carrillo. Llamados a rendir cuentas sobre los hechos sangrientos de la semana pasada, confirmaron el peor de los diagnósticos y se mostraron a sí mismos con las manos atadas. Sus intervenciones dejaron una inquietante conclusión: nadie tiene la culpa de lo que está ocurriendo en las cárceles y no hay remedio. Los asambleístas, por supuesto, hicieron su parte: les saltaron al cuello.

No hay instalaciones adecuadas: las megacárceles que dejó el gobierno de Correa son antitécnicas, potencian la guerra de bandas y resultan incontrolables en casos de motín. No hay personal suficiente: se necesita un guía penitenciario por cada diez detenidos pero hay cárceles donde la proporción es de uno a noventa. No hay presupuesto: Lenín Moreno se la pasó los últimos tres años decretando emergencias en el sistema penitenciario, una tras otra hasta que la Corte Constitucional le dijo que ya estaba bien, y, simultáneamente, recortando su presupuesto: de 136 a 58 millones. En estas circunstancias, a nadie llama la atención que el control de las prisiones lo ejerza el crimen organizado.

“El Ministerio de Gobierno y la Policía no tienen responsabilidad de los centros penitenciarios”, se lavó las manos el titular de esa cartera: “Hay un organismo técnico que tiene que responder”. “La rectoría del sistema -salió al paso el aludido, director del SNAI- recae en un órgano integrado por los delegados de los ministerios de Justicia, Salud, Relaciones laborales, Inclusión, Educación y la Defensoría del Pueblo. En ese órgano yo soy secretario con voz pero sin voto. No tengo atribuciones legales para fomentar políticas públicas ni ejecutar reformas”. Lo dicho: nadie tiene la culpa.

O quizá sí: quizá los asambleístas la tienen. “¿Nos piden que hagamos inteligencia?”, les retó el comandante general de la Policía, Patricio Carrillo: “¡Pero si no tenemos una ley de Inteligencia! ¡Ustedes no la han entregado!”. Tampoco han aprobado la Ley Orgánica de Régimen Penitenciario que el ministro de Gobierno considera imprescindible. Sobrepasados por la situación, el comandante y el ministro dan a entender, por momentos, que con esas leyes se acabarían los problemas. Ambos se han conectado desde la sala de crisis de la Policía, donde vigilan un nuevo motín con rehenes en Latacunga del que prefieren no decir ni media palabra.

En más de una contradicción incurren las autoridades. El director del SNAI todavía tiene fe en recuperar el camino de la rehabilitación. Habla de proyectos educativos, de talleres, de ocupación laboral… El comandante de la Policía, en cambio, pinta un panorama de descomposición total donde los presos más violentos “han perdido la aspiración de rehabilitarse” y pasan el tiempo en la ociosidad total; donde impera un régimen de impunidad y de recompensas para los que peor se portan; donde no ha habido sanciones para ningún amotinado desde 2014 y donde el sistema de liderazgo de los propios presos ha reproducido un sistema de servidumbre forzada de los más débiles e incluye esclavitud sexual entre otras barbaridades.

Las críticas a la gestión del gobierno en materia de prisiones vinieron de todos los bloques pero quienes llevaron la batuta fueron precisamente aquellos con los que todo comenzó, los que diseñaron las megacárceles y las sobrepoblaron: los correístas. Uno de ellos, Rodrigo Collahuazo, presentó la moción que finalmente se aprobaría: si las autoridades creen que las cosas se arreglan con dos leyes, él está convencido de que basta un exhorto. Marcela Holguín, pasando por alto el hecho de que los motines en las cárceles empezaron en 2014, situó el origen del problema en el momento en que ellos lo denunciaron: mayo de 2019. Y atribuyó la causa a la eliminación de la escuela de guías penitenciarios. Marcela Aguiñaga, que estuvo bastante sociológica en esta ocasión, acusó al gobierno de Lenín Moreno de “utilizar el castigo y el confinamiento como una manifestación de poder”. Ella, que no dijo una palabra cuando el gobierno de Correa construía esos megarrecintos carcelarios concebidos para cualquier cosa menos para la rehabilitación, invitó a todos a “hablar de la posibilidad de rehabilitar”. En la crisis de las prisiones cabe cualquier cortina de humo.

Lo cierto es que la comparecencia de las autoridades no arrojó ningún dato que no se conociera. Moncayo, el director del SNAI, con voz temblorosa que parecía presagiar llanto inminente, habló de su angustiosa soledad, rogó comprensión y reconoció estar “trabajando más allá del límite de nuestras capacidades”, que es como admitir que el puesto le queda grande. El ministro Pazmiño y el comandante Carrillo pasaron a la ofensiva e ignoraron las preguntas. Y una espinosa cuestión quedó sin aclararse, una que por sí sola retrata la dimensión de la crisis: ¿quién tiene las llaves de las celdas? Las autoridades no contestan.