La cárcel de El Inca, el vecino que provoca miedo
La cárcel de El Inca incomoda a unos pero beneficia a otros z Alrededor del centro carcelario los que más sufren son los locales como tiendas y mecánicas
No todos los que viven, trabajan o atienden negocios en la calle Las Toronjas, en el sector de El Inca, norte de Quito, están contentos con el vecino que tienen.
En el número 170138 existe una edificación antigua. Rosa Gualoto, una mujer de 58 años, vive al frente de la descolorida puerta negra en donde se acaba la libertad de los que ingresan. Habitan más de 1.000 personas en un espacio que tiene capacidad para 700.
Se trata del Centro de Detención Provisional (CDP) de Pichincha que hace poco más de seis años albergaba a mujeres detenidas por diferentes delitos y en algunos casos, a sus hijos.
En agosto de 2014, del Centro carcelario fueron trasladadas 662 mujeres hasta el Centro de Rehabilitación Regional Cotopaxi. Más de 25 años la edificación alojó a las mujeres que habían infringido la ley. Pero Gualoto recuerda que antes de ser cárcel de mujeres en el sitio hubo una fábrica de jabones y antes de eso un hospital.
Una muestra del paso de la casa de salud por ese sitio era que en su terreno siempre aparecían vendas, yesos y otros implementos médicos.
La casa de Gualoto está en construcción. Tiene dos pisos. Dice que el lugar es tranquilo y no ha tenido problemas y eso que está al lado. Ahí ha vivido toda su vida.
Esa cárcel está en un lugar que no es apropiado, comenta un hombre con acento costeño que desde hace 10 años trabaja en una mecánica de la avenida El Inca, a unos 400 metros del lugar. La situación es complicada, dice.
Aquí sería como estar viviendo porque la mayor parte del tiempo trabajo aquí. A veces ingreso.
A pocos pasos de ahí se encuentra un local de venta de carnes de propiedad de Carmen Yumaglla, de 25 años de edad. Ella tiene el negocio desde hace seis años. Asegura que su principal problema son los agentes metropolitanos porque no permiten que sus clientes se estacionen momentáneamente para comprar los productos.
A eso se suma que en su local han sido víctimas de la delincuencia. “No puede estar solo una persona en el negocio porque ingresan delincuentes”, indica. Por el sector no es el único problema. También hay venta de droga, sobre todo en un parque cercano.
A Carmen se le han llevado productos de las perchas en un mínimo descuido. Su carnicería se ha convertido en refugio de personas que escapan de las persecuciones policiales. “No hay cómo estar tranquilos por aquí”, acota.
En la calle Las Toronjas hay decenas de tiendas de abarrotes, fruterías, bazares, restaurantes, mecánicas, sitios para sacar copias de documentos. No todos quieren hablar. Una mujer de una tienda completamente enrejada solo repite que no ha tenido problemas.
Piedad, otra propietaria de una tienda, reconoce que al momento por el sector hay mucho peligro. Según ella, antes cuando existía la cárcel de mujeres no era así. “Ahora está terrible. La venta ha bajado”, cuenta. Aunque es de El Inca, el lugar en el que ejerce su negocio es arrendado. Le gustaría que la cárcel salga de la zona.
El descontento por el traslado del CDP no es de ahora. En 2014, cuando las autoridades del Ministerio de Justicia lo anunciaron, los vecinos hicieron plantones, marchas y protestaron. No tuvieron éxito.
A Piedad han intentado robarle varias veces. Dice que son personas que van y vienen.
Nelson Lincango vive al frente de la cárcel hace 20 años. Es un técnico electrónico. Recuerda que siempre ha sido así incluso cuando existía la cárcel de mujeres. Para él, el peligro ha sido constante, especialmente por las visitas que han llegado. Recuerda que dos personas fueron asesinadas, una guía y otro funcionario.
Ser vecino de una cárcel (la de El Inca) es vivir con el pendiente de que en algún momento pase lo peor.
Fernando es de Llano Chico pero pasa en su taller frente a la cárcel casi 10 horas. Destaca que muchas visitas atemorizan a los moradores.
Hay locales que brindan asesoría jurídica. Eduardo Lara es un abogado que ingresa y sale permanentemente de la cárcel. Califica de alarmistas a los que se quejan. Lo que él pide es que la justicia dé agilidad al trámite de beneficios penitenciarios.
