La carcel 4 espera a Correa

Lo de Rafael Correa en el Consulado de Ecuador en Bruselas fue un vistoso tiro al aire: no es el acusado quien decide dónde debe presentarse a cumplir una medida cautelar; es el juez. Y Daniela Camacho, que conoce la causa que se sigue contra el expresidente por el secuestro de Fernando Balda, había sido muy clara: no solo fijó la sede de la Corte Nacional como el lugar de presentación sino que expresamente negó que el Consulado fuera una alternativa. Una vez establecido, pues, que Correa incumplió con la medida (y la jueza no tardó medio minuto en llegar a esa conclusión), solo le quedaba un camino: dictar la orden de prisión preventiva y oficiar a la Interpol para pedir su difusión roja y proceder a “la inmediata localización y captura con fines de extradición” del ciudadano Rafael Correa. Caupolicán Ochoa, abogado del expresidente, despotricó en vano.

Tres horas duró la audiencia que, por una vez, no contó con la presencia de barras correístas: llegaron tarde, cuando la sala ya estaba llena. De nada le sirvió a Ricardo Patiño victimizarse por el Twitter: no pudo entrar; era físicamente imposible. La única manifestación pública que acompañó el trámite judicial fue la que protagonizó un puñado de seguidores de Fernando Balda con un gran cartel donde se veía el rostro de Rafael Correa y una leyenda sobreimpresa en letras de molde: “Se busca”.

Correa supo desde el primer momento que presentarse en el Consulado no bastaba. Se lo dijo el propio funcionario que lo recibió: “no hemos recibido delegación jurisdiccional alguna y solo podemos actuar por delegación en ese campo”. La audiencia empezó con la lectura de una serie de comunicados (del Consulado, de la Cancillería, de la Corte Nacional de Justicia) que daban cuenta, precisamente, de la naturaleza de lo ocurrido en Bruselas: un acto sin valor judicial.

En cuanto a Caupolicán Ochoa, lo volvió a hacer todo mal: inundó a la parte acusadora con un mar de documentos en francés con los que quería demostrar la imposibilidad de Correa de abandonar Bélgica por estar a cargo del cuidado de sus hijos (una en el hospital, otro en la escuela), pero que no fueron aceptados en el proceso por no estar debidamente apostillados, certificados y notarizados. Presentó un pedido de revisión de las medidas cautelares dos días después de que su defendido las incumpliera. Pretendió argumentar sobre la invalidez del proceso pero lo hizo con generalidades, sin identificar ningún razonamiento judicial que pudiera ser tachado de insuficiente. No aportó en su defensa ningún hecho nuevo fuera de los que ya resultaron inútiles en la audiencia anterior... En fin: la defensa del expresidente fue, otra vez, un completo desastre.

Además, se supo durante la audiencia que Ochoa se había hecho presente en la oficina de la jueza, cosa que le está terminantemente prohibida sin el conocimiento de la otra parte. Él dice que se trató de una confusión. El caso es que fue desalojado por la Policía y todavía tiene el coraje de quejarse por lo que considera un atropello. Enronqueció de las iras. Enrojeció de la impotencia. Hizo aspavientos. Acusó a la jueza de socavar el Estado de Derecho, de tomar decisiones arbitrarias, de no motivar sus resoluciones y, ya fuera de la sala de audiencias, de recibir órdenes. No quiso o no pudo decir de quién.

También se negó a aceptar lo que para el fiscal, Paúl Pérez Reina, es un indicio suficiente para vincular a Correa: el testimonio de Raúl Chicaiza, el agente de Policía a cargo de ejecutar el secuestro, según el cual la orden se la dio el propio presidente. “¡El fiscal miente! ¡Chicaiza no dijo que recibió la orden de Correa!”, vociferó Ochoa, rojo de las iras. “Él dijo que lo escuchó por teléfono diciendo: ‘haz lo que te va a pedir el flaco”. La culpa, pues, será del flaco. Involuntariamente cómico estuvo Ochoa durante la audiencia.

El fiscal habló brevemente para ratificar el incumplimiento de la medida cautelar y pedir, en consecuencia, la prisión preventiva tal como manda el Código Penal en estos casos. Luego de haber incumplido la medida cautelar, dijo, “no existen garantías de que el acusado esté dispuesto a acudir al juicio”.

Felipe Rodríguez, abogado de Balda y acusador particular en este proceso, fue más claro en su razonamiento jurídico. Dijo que Rafael Correa “ya está fugado”; y que no solo hay indicios: “está comprobado que las medidas cautelares no privativas de la libertad no son suficientes en este caso”.

La jueza Daniela Camacho, que en varios momentos tuvo que armarse de paciencia para lidiar con Ochoa (“baje la voz”, llegó a decirle), se tomó casi cincuenta minutos de receso para motivar su resolución, al cabo de los cuales volvió a la sala. Afuera, en algún lugar indeterminado, un grupo de aficionados al fútbol chillaba y lloraba con la tanda de penaltis del partido Colombia-Inglaterra. A los presentes en la sala se habían sumado los correístas Virgilio Hernández y Carlos Viteri, con caras de velorio.

“El oficio presentado por el acusado es inválido y no justifica el incumplimiento de la medida”, leyó la jueza. “Se pone en evidencia la posible no comparecencia del acusado al juicio”. Con cada palabra quedaba más claro cuál sería el desenlace. Hasta habló de John Pólit, el hijo del excontralor, que cada 15 días viaja de Miami a Quito a presentarse ante la Corte. Y usó la motivación del juez de ese caso como antecedente. La lectura duró veinte minutos. Nada que hacer para los correístas: su líder irá preso. Estaba anunciado, sí, pero no era inevitable. Hubo aplausos en la sala.

¿Dos semanas de libertad?

Una vez terminada la audiencia, las partes se turnaron ante las cámaras en la planta baja de la sede judicial. Caupolicán Ochoa calificó la decisión judicial como un complot político y dijo que la jueza cumple órdenes. Felipe Rodríguez se mostró satisfecho y dijo que, según su experiencia, la aplicación de la prisión preventiva puede tomar dos semanas.