Movilización. Henrique Capriles durante un momento de la marcha antigubernamental del sábado en Caracas.

Capriles suma apoyos contra su inhabilitacion

Gases. Maduro pidió ayer que se investigue con “mano de hierro” a un líder opositor que comparó el uso de un supuesto gas prohibido para dispersar manifestaciones con el uso de armas químicas en Siria.

El presidente argentino Mauricio Macri volvió a acusar al gobierno de Venezuela de antidemocrático y advirtió que, de no mediar cambios, su país impulsará la expulsión de la nación petrolera del bloque Mercosur, según una entrevista al canal alemán Deutsche Welle.

“Hemos tenido un planteo contundente desde el Mercosur y desde la OEA. Por primera vez se han dicho las cosas como son: que no hay independencia de poderes, que hay presos políticos y que hace falta un calendario electoral”, dijo.

Aseveró que “si los incumplimientos, las violaciones de los derechos humanos en Venezuela continúan, al menos el planteo de la Argentina va a ser la expulsión” de Venezuela del Mercosur, afirmó consultado sobre si Argentina planeaba avanzar en ese sentido.

Venezuela era miembro pleno del Mercosur hasta diciembre pasado, cuando fue cesado de sus derechos por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, los socios fundadores, ya que después de cuatro años en esa condición aún no se había adaptado a la normativa interna.

En Venezuela se “vienen violando sistemáticamente los derechos humanos... Para mí claramente no califica como una democracia”, señaló Macri en la entrevista difundida ayer.

El sábado la cancillería argentina había pedido a Venezuela permitir al líder opositor Henrique Capriles presentarse a cargos electivos. “El Gobierno argentino urge a #Venezuela a que permita la plena vigencia de la democracia y deje sin efecto la proscripción a @hcapriles”, expresó en un tuit.

El sábado miles de venezolanos marcharon en distintas ciudades del país contra el régimen de Nicolás Maduro y en respaldo a Capriles, figura emblemática de la oposición. Esas protestas dejaron 14 detenidos y 34 heridos.

La Contraloría venezolana inhabilitó el viernes a Capriles para ejercer cargos públicos durante 15 años por “irregularidades administrativas” durante su gestión como gobernador de Miranda, lo que bloquea su aspiración presidencial en 2018. Capriles ya había sido anunciado por su partido como precandidato para las primarias de la oposición.

Asimismo, el Gobierno de España lamentó en un comunicado la inhabilitación de Capriles, lo que en opinión de Madrid dificulta el establecimiento de un diálogo entre el Gobierno y la oposición en Venezuela.

Por su parte, el Gobierno mexicano condenó el ataque a las oficinas de Capriles, registrado el sábado en Caracas, así como los otros hechos violentos y pidió resolver las diferencias “por medios pacíficos”.

Una bomba lacrimógena lanzada contra la sede del partido de Capriles, Primero Justicia (PJ), cuando él se encontraba dentro, causó un incendio.

“Condenamos enérgicamente el atentado contra sede de @hcapriles y nos solidarizamos con quienes sufren represión por reclamar derechos”, tuiteó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Colombia igualmente consideró que la sanción a este líder opositor “aumenta la polarización” en el país.

El Gobierno de Brasil, mientras tanto, manifestó que la decisión contra Capriles supone “una grave violación” de las libertades por parte de las autoridades de ese país.

“Saquen sus narices de Venezuela. Los rechazamos, porque en concierto promueven la intervención de Venezuela para simplemente satisfacer los intereses de Washington y los mandatos que les dan desde los Estados Unidos”, declaró la canciller venezolana Delcy Rodríguez, ante las críticas de Argentina, Colombia, México y Brasil.

Para el analista Luis Vicente León, la decisión de inhabilitar a Capriles “forma parte de una estrategia mixta que busca reducir la competitividad electoral y fracturar a la oposición”.

La presión internacional sobre Venezuela creció en los últimos días en foros como la OEA, que declaró una “grave alteración” a la Constitución luego de que el máximo tribunal se adjudicara temporalmente las funciones del parlamento.

Nuevas protestas y más firmas

La oposición venezolana, reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anunció que realizará cinco nuevas manifestaciones en los próximos días en su afán por remover a siete magistrados del TSJ a los que acusa de haber dado un “golpe de Estado”. Mañana y el miércoles el antichavismo se desplegará en todo el país para recoger firmas que exijan al defensor del pueblo, Tarek William Saab, respaldar el proceso contra los magistrados.