Canje de deuda ¿o venta? de la Reserva Marina de las islas Galápagos

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Canje de deuda ¿o venta? de la Reserva Marina de las islas Galápagos

Ambientalistas buscan comprar $ 1.000 millones de bonos del Gobierno ecuatoriano. El impacto grave será para la pesca

Gala
La propuesta es ampliar la Reserva hasta zonas pesqueras.Internet

Con el llamado canje, o reconversión, de deuda (ecuatoriana) por naturaleza, The Ocean Finance Company (OFC), a través de Robert Weary, busca levantar recursos en el exterior y ampliar la Reserva Marina de Galápagos. Pero eso solo se dará si el Gobierno de Ecuador acepta y si esta propuesta cumple los parámetros legales.

Con $ 600 millones recolectados de diversos organismos internacionales, un grupo de ambientalistas busca el canje de $ 1.000 millones en bonos 2030, cuyo capital e intereses que genere de parte de los pagos del Gobierno de Ecuador, servirá para un propósito mayor: ampliar la Reserva a un área total de entre 380.000 y hasta 518.000 kilómetros cuadrados de aguas “totalmente protegidas”.

¿Es constitucional aquello? No, dice un informe de un grupo de abogados especializados al que EXPRESO accedió: “sería vender nuestra soberanía (ver recuadro)”, más aún cuando el fondo será manejado por un fideicomiso, desde Estados Unidos.

Según fuentes consultadas por EXPRESO, la propuesta pretende cerrar áreas que representan más del 70 % de las áreas de pesca de la flota atunera en la Zona Económica Especial insular. El impacto para el sector: $ 380 millones tanto para la pesca extractiva como para la industria manufacturera. Implicaría dejar en la desocupación a casi 25.000 personas de forma directa y una caída del 0,32 del Producto Interno Bruto. Solo el atún genera más de $ 1.200 millones en exportaciones.

“Con base en el precio actual de la deuda soberana del Ecuador, es posible adquirir un monto total de mil millones de dólares a través de inversiones privadas garantizadas con 600 millones de dólares que fondeará un banco comercial, y con un seguro de riesgo político ofrecido por la Corporación Financiera para Desarrollo (“Development Finance Corporation”)”, señala la propuesta que ha sido enviada por Maximiliano Bello, ambientalista chileno, al presidente de la República, Lenín Moreno.

El Ministerio de la Producción sabe de la propuesta, pero no de forma oficial. El ministro Iván Ontaneda espera conocer el detalle, pero no ha emitido su criterio por no tener el detalle de esta. El Ministerio de Finanzas está “analizando técnica y legalmente la propuesta presentada para determinar su conveniencia”, ya que la reserva sería manejada por una organización internacional. Diario EXPRESO tuvo acceso a esa propuesta de forma extraoficial.

Esta reestructuración permitirá “el redireccionamiento del servicio de la deuda externa: más de sus 412 millones de pagos de capital e intereses (a 20 años) serán manejados por The Ocean Finance Company, que proporcionará financiamiento anual de aproximadamente 13,4 millones de dólares americanos durante 20 años, para actividades relacionadas con la implementación del plan de manejo de la nueva reserva marina de Galápagos.

Este capital será administrado por un fondo fiduciario para la conservación que se creará en Estados Unidos, que será capitalizado con una dotación de más de $ 316 millones después de 20 años.

“NO SE AJUSTA A LA LEGISLACIÓN NACIONAL”. La OFC contratará a un banco comercial para suscribir la emisión de un “bono azul” por un monto de hasta 600 millones de dólares a fin de financiar la conversión de deuda propuesta.

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Atuneros rechazan posible ampliación de la Reserva Marina de Galápagos

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El Código Orgánico de Ambiente y su Reglamento establecen cómo deben constituirse las reservas marinas o las áreas marino protegidas. Allí se manifiesta que la política pública del mar, así como la gobernanza marina deben atenderse con enfoque integral, interinstitucional e intersectorial.

Según expertos es deber constitucional del Estado garantizar y defender la soberanía nacional y promover la soberanía alimentaria, por lo que la ampliación de la reserva así como su manejo por parte de una organización extranjera son inconstitucionales.