El próximo 5 de febrero, los ecuatorianos deberán elegir a un miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por las nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montuvios y migrantes.

Ocho ecuatorianos, que oficialmente no pertenecen a ningún partido político, buscan esa vocalía. De los ocho, solo dos han pagado impuestos en 2021 y la mayoría se han desempeñado en el servicio público (ver infografía).

Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas Uisek, dice que el CPCCS fue creado para que siempre tenga una vocalía como minoría. “La adscripción a un grupo minoría es voluntaria y una autodeterminación. Eso puede dar a que existan transfuguismo entre papeletas, es decir cualquier persona pueda decirse que es indígena o montuvio, por ejemplo, y esto no es sujeto a ninguna comprobación”.

Entre los ocho candidatos hay tres que dicen identificarse con la nacionalidad montuvia. Teddy Tama, de 60 años, por ejemplo, se identifica con la nacionalidad montuvia. Es un abogado que la mayor parte de su trayectoria la ha ejercido en el libre ejercicio y en una organización denominada Pueblo Montubio del Ecuador.

En 2019 participó como candidato para el CPCCS, pero entonces no se identificaba con ninguna nacionalidad y estuvo en la lista de hombres. Pero llama la atención que en 2019 ya participó para el CPCCS en la lista de mestizos. De hecho él quedó como suplente de ese organismo, pero ahora mismo no puede ser titular porque vuelve a ser candidato.

“Lo que buscan el identificarse como una minoría es tener mayores posibilidades para llegar al cargo, pero no garantiza que la nacionalidad quede representada, dice Ron.

Manuel Gonzaga, exdirigente del Pueblo Montuvio del Ecuador, señala que la vocalía en el CPCCS no ha sido un canal para fortalecer las políticas de participación de su pueblo. De hecho, desde el 2019, la asociación pide que se cree un observatorio para que investigue la supuesta persecución a dirigentes del agro, además de otros problemas como el tráfico de tierras, pero eso no ha pasado.

De la lista de ocho candidatos, Manuela Daquilema, de 39 años, pertenece desde 2018 a la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y los legisladores del movimiento Pachakutik, como Patricia Sánchez, promocionan su candidatura en redes.

Francisco Bravo Macías, de 47 años, fue hasta diciembre pasado el miembro del CPCCS por minoría. Él se autoidentifica como montuvio.

Para Juan Carlos Ávila, profesor de Derecho Constitucional, la vocalía de un representante de las minorías, así como de los migrantes, tiene como objetivo que las necesidades de estos grupos sean reflejados con proyectos de participación, fiscalización y transparencia. “El problema es que los candidatos llegan allí impulsados por una agenda política más que una agenda social, entonces vemos todo cómo los intereses de los pueblos quedan relegados, pues en la práctica real no se ve representación”.

Para las próximas elecciones otra candidata que se identifica como montuvia es Johanna Verdezoto del Salto. Desde 2015 es funcionaria pública y ha trabajado en la Defensoría del Pueblo de Los Ríos. En ese mismo año abrió una cuenta de Twitter, y en los siete años solo una vez, el 9 de diciembre de 2022, cuando ya era candidata, escribió algo sobre el pueblo que dice representar.

Las labores del quinto poder

De los 45 candidatos, entre las papeletas de hombres, mujeres y minorías, se elegirán a siete consejeros. Ellos tendrán como labor promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción. Además deben establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones públicas e investigar denuncias sobre actos u omisiones que generen corrupción. Sin embargo, desde su creación este ente nunca ha promovido ninguna investigación relevante.