A veces sorprende cuán diplomático puede llegar a ser un diplomático.

-¿Es verdad -preguntó el socialcristiano César Rohón cerca del final de la sesión- que Julian Assange embarró sus heces fecales en las paredes de la Embajada en Londres?

-Tenemos reportes oficiales -respondió el canciller José Valencia sin inmutarse- que efectivamente describen actos higiénicos impropios del señor Assange en la Embajada.

Estaba claro. Y era el colmo. Durante casi una hora, Valencia había despachado ante el Pleno de la Asamblea la lista de razones por las que el Gobierno decidió privar al hacker australiano de su nacionalidad ecuatoriana y dar por concluido el asilo: sus intervenciones reiteradas en los asuntos internos de varios países (Estados Unidos, España, el Vaticano...), su conducta agresiva e infamante contra el Ecuador y un largo memorial de incidentes hostiles que el canciller fue enumerando con voz lastimera de profesor agraviado y cuyo escatológico colofón terminó por escandalizar a todos.

Extraordinario ‘timing’ del Gobierno: la expulsión del hacker se produjo el mismo día en que estaba prevista la comparecencia del canciller a la Asamblea para explicar, precisamente, por qué diantres no se había dado una solución definitiva al caso Assange. ¿Coincidencia? El caso es que el país amaneció con la noticia y José Valencia fue recibido en el Pleno como un héroe. “Como es de su conocimiento, el presidente de la República Lenín Moreno dispuso el día de hoy la terminación del asilo diplomático concedido a Julian Assange en 2012”, empezó diciendo y fue interrumpido por una ovación cerrada.

No todos aplaudieron, claro. Los 32 correístas permanecieron impasibles, muchos de ellos con el sillón vuelto de revés para dar la espalda al canciller, en ostensible (y ese sí, poco diplomático) gesto de desprecio. La situación parecía divertirles, pues se miraban entre sí, infantiles, y compartían pícaras sonrisas. Uno de ellos, Cristóbal Lloret, había repartido cartelitos con el inevitable ‘hashtag’ #TodosSomosAssange, que se apresuraron a colocar sobre las pantallas de sus computadoras. Más tarde, mientras Valencia hablaba, fueron abandonando la sala uno por uno. Solo quedó Esther Cuesta, que tomaría la palabra, con muy escasa fortuna, en la ronda de preguntas.

La correísta hizo una pregunta, presentó una moción y expresó un sentimiento. La pregunta: ¿Por qué se entregó a Assange a la justicia británica? La moción: que el Pleno reciba al abogado ecuatoriano del hacker, Carlos Poveda, que seguía la sesión desde las barras altas. El sentimiento: solidaridad con la esposa y los hijos del prisionero. A la pregunta respondió el canciller diciendo que, simplemente, Assange estaba preso por haber violado su libertad condicional, así como todos aquellos que, por ejemplo, rompen su grillete electrónico, deberían estar presos. La moción (los correístas se apuraron a entrar para votarla) fue rechazada por abrumadora mayoría. En cuanto al sentimiento de solidaridad, mereció esta celebrada respuesta de Fernando Flores (CREO): “Sería bueno que esa solidaridad se extienda a las dos mujeres que atacó sexualmente Julian Assange”.

Por lo demás, la comparecencia del canciller proporcionó argumentos nada despreciables a aquellos asambleístas que (con la socialcristiana Cristina Reyes a la cabeza) impulsan el juicio político contra la actual presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa. Ella aparece como la evidente responsable de la nacionalización de Assange, que el Gobierno considera (ahora) como fraudulenta. Que es un “acto administrativo lesivo”, dijo Valencia. Reyes y otros insistieron en la necesidad de encontrar a los responsables del desastre diplomático que significó asilar al hacker. Por el momento hay tres, de cajón: los excancilleres Ricardo Patiño, Guillaume Long y Fernanda Espinosa. Y aquí empieza otra historia.

En el Pleno

Enjundiosa resolución

Para dar por cerrado el caso Assange en la Asamblea, una resolución. De esas que se aprueban por docenas y dejan un gusto de saludo a la bandera. La de ayer fue propuesta por la oficialista Belén Marín e incluye: respaldar la “resolución soberana” del Gobierno; solicitar a Cancillería la información sobre la nacionalización de Assange; pedir a la Fiscalía que investigue de oficio...