El caso Danubio ha puesto al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) en el centro de un escándalo de corrupción que los políticos parecen empeñados en enredar a fuerza de alharacas. La denuncia sobre la invalidez del título de la directora de ese organismo, el bochornoso asunto de los asesores presidenciales ad honorem, la compra de cargos, el supuesto perjuicio por mil millones de dólares... Cada nuevo ingrediente aportado por un político con la actitud de quien pone una pica en Flandes no hace sino confundir aun más las cosas. El hecho de que en la Asamblea Nacional se hubiera intentado esta semana, sin éxito, arrebatarle a la Comisión de Fiscalización la investigación sobre el caso, incrementa los niveles de sospecha. Persiste la incómoda sensación de que muchas de las líneas de investigación sugeridas por los políticos son cortinas de humo. Resulta vital plantear las preguntas correctas.

1. El cargo de los 3 millones

QUE TODO comience con una denuncia de la propia Carola Ríos, la directora de la Senae, es la primera de una serie larga de sorpresas. Ocurre que un dirigente campesino, Juan Aucancela, que se le había aproximado para solicitarle la donación de mercadería abandonada (un procedimiento rutinario) terminó ofreciéndole 3 millones de dólares por el puesto de subdirector general de operaciones para un tal Sergio Peña, que no tenía ni de lejos la capacidad de pagar eso. Ríos fue donde la fiscal Diana Salazar y se lo dijo. Ahí empieza la silenciosa investigación que incluye escuchas telefónicas y conduce a los allanamientos de la madrugada del 22 de julio. Tres millones de dólares por un cargo parece un exceso, pero resulta que el subdirector de operaciones es el que manda en los patios de la aduana. Decide, entre otras cosas, cuáles contenedores se abren para revisión y cuáles no. La primera pregunta, entonces, es de cajón: ¿quién puede pagar esos 3 millones y cómo piensa recuperarlos?

2. El almirante y sus amigos

SE SUPONE que al subdirector de operaciones que nombró Carola Ríos, el cargo le salió gratis. Se trata del almirante Carlos Vallejo. A fines del año pasado, sin embargo, el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, entregó a la directora del Senae un documento (nada oficial, más bien una exposición de motivos, según describen ambos) en el que se hablaba de los posibles vínculos de Vallejo con el narcotráfico. Ríos da a entender que dispuso una investigación interna, pero “no encontramos ningún elemento que nos lleve a pensar que estaba relacionado con estas denuncias”. 

Este viernes, en la misma comisión, aparece el periodista Andersson Boscán, del medio digital La Posta, con un organigrama elaborado, según él, por la inteligencia aduanera. Un cronograma en cuya cúspide constan Leandro Norero Tigua, preso por vínculos con el narcotráfico, específicamente con el cartel Jalisco Nueva Generación, y Javier Jordán Mendoza, uno de los personajes de la famosa piscina de Miami en la que disfruta y se relaja el legislador correísta Ronny Aleaga. En el segundo nivel del organigrama, un solo personaje: Vallejo, el subdirector de operaciones de Carola Ríos. Más abajo, distintos funcionarios de distintas dependencias aduaneras. Vallejo ya no está en su cargo, renunció el 30 de junio. Según Ríos, sin problema alguno. Sin embargo, ella conocía el organigrama. ¿Le pidió que renunciara por esa causa? ¿No hizo nada más? ¿Por qué no actuó en su contra?

3. Escáner no deseado

LA SALIDA de Vallejo del cargo más caro del país parece haber desatado la guerra de las aduanas. De resultar cierta la información atribuida a inteligencia, el almirante debió ser una especie de seguro para las mafias, sobre todo para evitar la más indeseada de las innovaciones tecnológicas en las aduanas dispuesta por el gobierno de Guillermo Lasso: la instalación de “mecanismos de inspección no intrusiva” para revisar los contenedores que entran y salen por puertos y aeropuertos sin necesidad de abrirlos. Es decir: escáneres. Porque el país exporta cocaína e importa armas, según admitió Carola Ríos. El Decreto Ejecutivo 227 concede a la Senae un año para instalar esa tecnología. El plazo vence el 11 de noviembre. Según la directora, todo está casi listo. “Es la mayor responsabilidad que tenemos como administración aduanera”, dijo en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, el 27 de julio. Y atribuyó lo que calificó como “festín mediático” en su contra el interés de las mafias por evitar los escáneres. Sin embargo, en la misma Asamblea, la legisladora socialcristiana Geraldine Weber dijo el pasado martes tener pruebas de que las cosas son exactamente al revés: que es Carola Ríos la que no los quiere. ¿Quién está demorando la instalación de los escáneres?

4. ¿Qué pito toca el psc?

LA ACTUACIÓN del Partido Social Cristiano en los debates sobre este tema en la Asamblea es, por decir lo menos, sospechosa. Resulta que 12 horas antes de que la Fiscalía realizara los allanamientos que detonaron el caso Danubio y pusieron a Carola Ríos en los titulares de todos los medios, el asambleísta de Pachakutik Ángel Maita presentó una denuncia en contra de ella por ciertas irregularidades en su título de tercer nivel. Esta semana, ya en pleno escándalo, el inefable socialcristiano Luis Almeida admitió haber movido los hilos de la operación. ¿Supo con anticipación de los allanamientos? Según él, “no se trata de los narcotraficantes, que no sé cuánto, que por aquí y por allá”, sino de una serie de estafas en las aduanas con la participación del asesor presidencial Aparicio Caicedo y el secretario jurídico Fabián Pozo. Dijo que iba a presentar una denuncia, pero no lo ha hecho. Lo único claro es que quiere la cabeza de Carola Ríos. ¿Qué buscan personajes como Almeida en las aduanas?

5. El correísmo disimula

LOS AD HONOREM dieron a los correístas una causa de la cual obtener réditos fáciles y también una cortina de humo para desviar la atención del tema de fondo. En las comparecencias abiertas en la Comisión de Fiscalización, todo su interés se reduce a lo menos importante. Ante la fiscal Diana Salazar, por ejemplo, Paola Cabezas se empeña en que se levanten cargos contra Juan José Pons, como si de eso dependiera la solución del problema en las aduanas. A Viviana Veloz le interesa averiguar sobre la vinculación de Danilo Carrera. Y Pamela Aguirre despacha un largo discurso sobre el éxito que significó para su partido la renuncia del último de los consejeros ad honorem. Quiere fiscalizarlos a todos. Pero sobre el tema de fondo, ni una palabra. ¿Por qué los correístas evitan hablar sobre el narcotráfico?