Las últimas denuncias que afectan a la Asamblea Nacional, acusando a legisladores de cobrar porcentajes de salarios a funcionarios que colaboran con ellos, impone terminar con contrataciones personalizadas, cuando lo procedente y esa es la historia parlamentaria del Ecuador, es contratar personal especializado que asesore a la institución o a sus comisiones permanentes u ocasionales, sin perjuicio de que el legislador cuente con el apoyo de un asistente o secretaria y algún conserje o mensajero. Nada justifica que cada legislador cuente con muchos funcionarios. Lo único que se ha logrado es convertirlos en dependientes de actividades personales o políticas ajenas a las funciones legislativas.

Esta situación que incrementa la mala imagen que tiene la Asamblea Nacional, con bajo porcentaje de credibilidad ciudadana, obligaba a los asambleístas a juzgar la conducta incorrecta de algunos legisladores. Esa era su inexcusable obligación, pero para aumentar la desconfianza, carecen de una normativa para juzgar a los infractores, proyectando la idea de que una mal entendida solidaridad los hace desviar el caso hacia otros organismos públicos, sin que aquello los exima de su deber de comprender que la inmunidad procede cuando emiten opiniones o votos en el cumplimiento de sus labores, pero no para favorecer la impunidad ante la comisión de actos reñidos con la moral y la ley. Es pertinente recordar que el año 1997 el entonces Congreso Nacional se autodepuró descalificando a un grupo de legisladores vinculados a la llamada Red Peñaranda, derivada de otro abuso legislativo por el cual los legisladores se asignaron cuotas del presupuesto estatal para utilizarlas de acuerdo a sus particulares criterios o intereses, en otra desviación de un organismo que debe exhibir un comportamiento acorde con su función de expedir leyes y fiscalizar a los altos dignatarios del Estado.

No quedan dudas de la necesidad de cambios en la Legislatura. Hay que devolver representatividad a sus miembros, cambiando el método antidemocrático de asignación de escaños y reduciendo su número, que actualmente es excesivo.