La calculadora política pesa en veto a la Ley de Comunicación

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La calculadora política pesa en veto a la Ley de Comunicación

El Ejecutivo se inclina por la objeción parcial. El panorama en la Asamblea frena una observación total. El Gobierno busca insumos al filo del plazo

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Diálogo. Representantes de gremios dieron sus puntos de vista a los delegados de la Secretaría Jurídica.Cortesía

La ruta está marcada. El Gobierno vetará parcialmente las reformas a la Ley de Comunicación aprobadas por la Asamblea Nacional, pese a los exhortos de diferentes sectores relacionados a la comunicación, pero también de otros gremios, que pedían la objeción total.

El veto será masivo. Un 95 % de las propuestas aprobadas por los legisladores serán observadas por el presidente Guillermo Lasso que tiene hasta el martes para pronunciarse. Son cerca de 50 artículos, de los cuales cinco se enviarán a la Corte Constitucional (CC) para que analice su posible inconstitucionalidad.

¿Por qué no vetar todo si encontraron tantas inconsistencias? El presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Cristóbal Peñafiel, dijo a EXPRESO que dos son las explicaciones oficiales: “por un lado, impediría que reformas a la ley planteadas por el Gobierno sean tramitadas, pero además no se sabe qué va a pasar con la Asamblea en el futuro y si habrá los votos para plantear una nueva propuesta”.

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Si el presidente Lasso veta totalmente la norma no podrá ser tratada en un año y luego de ese tiempo la Asamblea podría ratificarse en su texto con los votos de, al menos, 92 legisladores “lo que lesionaría gravemente a la libertad de expresión”, dijo Peñafiel que ayer acudió a un conversatorio convocado por la Secretaría de Comunicación para recabar insumos.

El Gobierno se muestra optimista y descarta que logren sumar ese número de voluntades, pero en 365 días todo es posible en el Legislativo.

El veto que propone el Ejecutivo apuntará a limitar la participación excesiva de la Defensoría del Pueblo en temas de comunicación; eliminar los defensores de audiencia así como las sanciones que impliquen participar en talleres a los medios de comunicación.

Jhossueth Almeida, representante del equipo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, añadió que con la objeción se busca la eliminación de la palabra opinión en el contenido de los medios, limitación a la prohibición de la censura previa, responsabilidad penal y administrativa para periodistas y la aprobación de los planes de comunicación por parte de la Arcotel.

A Francisco Rocha, secretario de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (Aedep), no le parece extemporáneo que el Gobierno convoque a los gremios para solicitar opiniones, a puertas de dar a conocer su decisión al Legislativo.

“Insistimos en el veto total, pero reconocemos el trabajo que se ha hecho para llegar a este veto parcial mixto”, señaló Rocha que considera que detrás de todo esto hay una estrategia política que hay que ir definiendo “y lamentablemente está la libertad de expresión de por medio”.

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El Ejecutivo tiene previsto reunirse con actores de la comunicación y activistas hoy en Cuenca y el mismo ejercicio se replicará mañana en Guayaquil.

Sugerencias externas

La Secretaría de Comunicación informó ayer que el secretario jurídico de la Presidencia, Fabián Pozo, viajó a Washington para recibir asistencia técnica y recopilar aportes para la objeción a las reformas de la Ley de Comunicación.

Específicamente, el funcionario mantendrá reuniones con el relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca.