Tras la renuncia forzada del expresidente boliviano Evo Morales, el Gobierno colombiano toma medidas ante la anunciada protesta de este miércoles; mientras en Nicaragua el gobernante Frente Sandinista retoma su agresiva campaña contra los opositores.

Revolucionarios en Nicaragua

Tras el estallido social en Bolivia por denuncias de irregularidades en los comicios y la dimisión del Morales, un grupo de dirigentes del partido del presidente Daniel Ortega, aliado del exmandatario, advirtieron a los opositores que “no se enreden” por lo ocurrido en Bolivia porque en Nicaragua “los revolucionarios están armados”.

Esta declaración, según la oposición, es una forma de atemorizar a la población para que no se manifieste; pero también “producto del miedo que sienten al ver lo que pasó en Bolivia”, reaccionó en Twitter el exdiputado Elíseo Núñez.

“Aquí los revolucionarios estamos armados —Policía, Ejército y pueblo organizado— y si algo sabemos hacer los sandinistas es vencer”, expresó en Twitter Carlos Fonseca Terán, hijo del fallecido fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Carlos Fonseca Amador.

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Mientras que Juan Carlos Ortega, hijo del mandatario, durante una cita empresarial, recordó una frase del líder nacionalista Augusto Sandino: “La libertad no se conquista con flores, sino a balazos”.

Por el momento, la presión del Gobierno nicaragüense los vive un grupo de mujeres que inició una huelga de hambre en un templo católico en la ciudad Masaya para exigir la liberación de 130 opositores presos.

El fin de semana, la policía y simpatizantes sandinistas rodearon la iglesia para asediar a las huelguistas e impedir que sus allegados les lleven agua, sin lograr su cometido arrestaron a varios jóvenes, acusados de presunta tenencia ilegal de armas.

Desde 2018 Nicaragua arrastra las consecuencias de la crisis política que pusieron en jaque al gobierno de Ortega y que dejaron 325 muertos, centenares de detenidos y 62.500 exiliados, según grupos humanitarios.

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Colombia militarizada

Ante la violencia callejera que ha marcado las protestas en Chile y Bolivia, el gobierno colombiano se apresta a expedir un decreto que faculta a los alcaldes y gobernadores a adoptar medidas extraordinarias de seguridad para prevenir alteraciones del orden público durante el paro convocado para mañana por las centrales obreras y organizaciones sindicales.

Los alcaldes podrán dictar medidas sobre movilidad, de restricción al porte de armas, imponer la ley seca e incluso el toque de queda cuando las circunstancias lo ameriten, indicó la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutierrez.

Igualmente, las Fuerzas Militares se encuentran en acuartelamiento de primer grado, una medida que no es “un procedimiento extraordinario” y que se toma cuando “hay situaciones en las que eventualmente se necesite disponibilidad de personal”, indicó la ministra.

El Gobierno colombiano adoptó estas medidas luego que empezaron “a encontrar en redes sociales unos mensajes llamando a la violencia”, y en aras de la seguridad en los últimos días fueron expulsados del país al menos 15 extranjeros, en su mayoría venezolanos, “que estaban en el territorio colombiano incitando a la violencia”, acotó.

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