Cabezas apaga el incendio

Los asambleístas quieren pruebas. El escándalo del “impuesto al trabajo” (la denuncia de que algunos legisladores se quedan con un porcentaje del salario de sus asesores) llegó ayer al pleno de la Asamblea. Y el rasgar de vestiduras se escuchó en toda la república. “No somos todos”, clamaron casi al unísono. “Rechazamos las generalizaciones”, se quejó la presidenta Elizabeth Cabezas. “Que no nos metan en el mismo saco”, exigió Elio Peña. “No nos merecemos ese trato los 137”, terció Pabel Muñoz. Finalmente, al término de un debate centrado más en salvar el buen nombre de la Asamblea que en establecer responsabilidades, se aprobó una resolución que bien puede pasar como un saludo a la bandera.

La denuncia, que había sido presentada por Fabricio Villamar (CREO), saltó a los medios esta semana y obligó a una jugada urgente de la presidenta para apagar el incendio. En menos de 24 horas y en ausencia de Villamar (quien se encuentra en Washington) presentó un proyecto de resolución en el CAL y lo introdujo a última hora en la sesión de ayer. Con un detalle: donde Villamar pedía a la Contraloría auditar las cuentas y transferencias de todos los asambleístas, Cabezas insiste en la necesidad de contar con denuncias documentadas.

Vergonzante, la resolución se resiste a llamar a las cosas por su nombre. Se limita a decir “supuestos actos de corrupción” sin describir en qué consisten. El secretario leyó el texto, la presidenta lo defendió y cualquier recién llegado habría sido incapaz de adivinar de qué diantres estaban hablando de no ser porque Jeannine Cruz (CREO) puso el dedo en la llaga de la vergüenza legislativa: “A mi despacho llegaron documentos”, dijo sacudiendo unos papeles. Y leyó lo que dijo era un correo electrónico dirigido a un asambleísta (que se abstuvo de nombrar) desde la cuenta de uno de sus asistentes: “Le estoy adeudando 605 dólares por el abono mensual de mil dólares conforme habíamos acordado”. “¡Hable, hable!”, gritaron desde los escaños de la izquierda exigiendo saber el nombre del implicado. Pero estas veleidades duraron poco.

La presidenta concedió la palabra solamente a un legislador por cada bloque. Los discursos (salvo el de Jeannine Cruz, que aportó novedad documental) fueron intercambiables. Especialmente los de los representantes del correísmo (Pabel Muñoz) y el PSC (Luis Fernando Torres), que coincidieron en todo. Basta con decir que el uno citó al otro. Finalmente el texto fue aprobado tal cual lo había escrito Cabezas, con su rampante proclama de victimización parlamentaria en el primer punto resolutivo, donde se rechaza “toda información infundada tendiente a mancillar o menoscabar el buen nombre y prestigio de la Asamblea”. Porque la culpa es de los medios.

La resolución exhorta a los asambleístas y ciudadanos que conozcan de actos de corrupción a que los denuncien; acuerda brindar a la Contraloría y a la Fiscalía las facilidades del caso para que investiguen (lo cual, por lo demás, es obligación de la Asamblea sin necesidad de mediar resolución alguna); y garantiza el trabajo de los empleados que decidan hacer públicos sus casos (lo cual, también, es un derecho básico). En definitiva: hora y media de debate para no avanzar un ápice.

Todo terminó con un altercado entre Elizabeth Cabezas y Mae Montaño (ex-CREO). Montaño había levantado un cartel donde se leía: “77 días y el juicio político a Diego García duerme en el cajón de la presidenta”, y la presidenta se lo cobró negándole el derecho a la palabra. “¡Este es un debate serio!”, le gritó cuando la afectada se quejó, como si un debate, para ser serio, tuviera que prescindir de Mae Montaño. “Para qué se desafilia”, le dijo luego fuera de micrófono. Montaño cree que tanto el texto de la resolución como el debate fueron un despliegue de espíritu de cuerpo. A la hora de votar, se abstuvo. Lo mismo hicieron dos asambleístas de CREO: Henry Moreno y Ana Abril, nada menos que la alterna de Fabricio Villamar, testimonio de cómo la política da vueltas.