El exprocurador Diego García no tuvo quién lo defienda en la Asamblea Nacional. Ni siquiera lo hicieron los correístas, que durante su gobierno lo mantuvieron diez años en el cargo pero, ayer (y fueron específicos en este punto), lo abandonaron por haber servido a los intereses del actual presidente. Luego de siete meses de espera y dos jornadas de debate, el juicio político planteado por Mae Montaño, al que se sumó también Raúl Tello en calidad de interpelante, se resolvió con la censura del exfuncionario y el envío de su caso a la Fiscalía y a la Contraloría General del Estado.

La defensa del exprocurador no tuvo piso. Ayer, cuando por segunda ocasión tomó la palabra en el seno de la Asamblea, volvió a aferrarse a un informe (el de la Comisión de Fiscalización) que para el Pleno es poco más que una formalidad. Que la Comisión inadmitió tres de las cuatro acusaciones planteadas por Mae Montaño, insistió García. Que el Pleno las puede volver a tratar, le replicaron varias voces en distintos tonos y con distintos argumentos. “El informe de la Comisión -zanjó el socialcristiano Henry Cucalón- es habilitante pero no vinculante”. E invitó al exfuncionario, extremadamente puntilloso con los temas jurídicos, a “no desvirtuar la naturaleza política del proceso”.

Esta segunda jornada de interpelación arrancó con la exhibición de las pruebas de cargo por parte de la proponente Mae Montaño, quien trapeó el piso con su víctima. Dijo “descaro increíble”. Dijo “victimismo cobarde”. Dijo “tamaño atrevimiento”. Mostró una declaración de Jorge Glas vertida en los tribunales donde se ventilaban las causas relacionadas con Odebrecht y en la que el exvicepresidente afirma: “Aquí, en la lista de procesados, debería estar el procurador Diego García”. Ante los ojos inquietos del exfuncionario barajó las cifras de sus viajes de promoción por el extranjero: 396 mil dólares por una película; 189 mil por un libro; 170 mil por presentarlo en Londres; 3,9 millones de gastos no relacionados con la defensa del Estado... Explicó su papel (sus omisiones) en el regreso de la constructora brasileña, y dejó planteada una serie de preguntas del tipo “¿No le pareció extraño que una empresa expulsada del país estuviera haciendo un acuerdo de transacción con el Estado?”.

“El procurador de la década saqueada”, así lo definió Montaño. Los legisladores de CREO y el socialcristianismo acogieron con gusto esta caracterización (que indignó a los correístas) y achacaron a García su connivencia con todas las corruptelas de diez años. Su ataque fue arrasador y total y superó con creces los estrechos límites de un puñado de cargos presentados ante la Comisión.

Los correístas se lavaron las manos ante la suerte de García, pero salieron por sus fueros. Juan Cárdenas restó importancia a las coimas de Odebrecht (que según él no superan los 850 mil dólares en toda América Latina) y se la pasó hablando de los casos de corrupción de aquello que continúa llamando “la partidocracia”: historia antigua. Solo hubo una legisladora de su bloque que se lanzó con determinación contra el exprocurador y lo hizo de una forma que logró poner nerviosos a los integrantes del bloque oficialista: fue Lira Villalba, integrante de la Comisión de Fiscalización.

“Se están juzgando aquí los incumplimientos ocurridos durante el período de Lenín Moreno”, dijo, y se centró en uno: la arrogación de funciones privativas de la Corte Constitucional por parte del exprocurador. Según esta acusación, que fue defendida en un inicio por Raúl Tello, García emitió un dictamen constitucional (cosa que le está expresamente prohibida) cuando el secretario de la Presidencia, Eduardo Mangas, le consultó sobre la prórroga de los integrantes del Consejo Nacional Electoral. La interpretación de Villalba es que, al actuar de esa manera, permitió la convocatoria de una consulta popular que su partido se empeña en considerar ilegítima. Ella y Hermuy Calle, otro miembro de la Comisión de Fiscalización, fueron los únicos correístas que votaron a favor de la censura. El resto (24 en total) se abstuvo.

Así, el exprocurador que hasta el último momento continuó alegando la improcedencia de su juicio y solo aceptó defenderse de uno de los cuatro cargos planteados en su contra, terminó siendo condenado no por cuatro cargos, sino por diez años de ejercicio. Diez años que hoy no convencen ni a los suyos.

Resolución

La Asamblea veta a Maduro

Con 83 votos a favor y el rechazo de los nueve correístas que quedaban en la sala (más Silvia Salgado), la Asamblea aprobó una resolución sobre Venezuela: desconocer el Gobierno de Maduro como ilegítimo y apoyar la resolución de la OEA. El debate fue planteado la semana pasada por Fernando Flores (CREO) y, en un principio, rechazado por el oficialismo.

El detalle

Debido proceso. La defensa del exprocurador se basó en tres negaciones: la del procedimiento, la de los cargos y la del interpelante Raúl Tello.