Es la tarea con fallas. Las compras públicas son una asignación compleja dentro del aparato estatal. Existen más de 20.000 burócratas dedicados a ese campo, pero pocos están acreditados. La falencia se hace aún más evidente en los gobiernos autónomos y descentralizados (GAD).

No son solo los municipios, prefecturas y juntas parroquiales. También sus empresas públicas tienen errores que, a decir de las autoridades competentes, se pueden corregir con pocos pasos. 

Según el estimado oficial, los gobiernos autónomos cuentan con más de 200 empresas adscritas. Se dedican a tareas como limpieza, obras públicas, educación y hasta hay unidades enfocadas en temas culturales o sociales. 

Esas empresas públicas, de enero a octubre de este año, adjudicaron procesos por 295,4 millones de dólares para adquirir bienes y servicios. Una cifra alta si se compara, por ejemplo, con los 173 millones de dólares que significa todo el presupuesto de la Universidad de Guayaquil o con los 94 millones de dólares que necesitará la Contraloría General del Estado en 2020 para detectar actos de corrupción. 

La cifra es solo 77 millones más baja de lo que usará en todo el año el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 

En conjunto, municipios, prefecturas, juntas parroquiales y empresas públicas de los GAD firmaron contratos, en los diez primeros meses del año, por 1.835,7 millones de dólares. El dato, según el análisis estadístico del Servicio Nacional de Contratación Pública, representa una reducción al ponerse frente a los egresos de 2018. Una caída del 16,2 %. (ver cuadro).

La importante reducción no alivia, sin embargo, los errores detectados. Silvana Vallejo, directora general del Sercop, conversó con EXPRESO sobre los cambios que deberían aplicarse para mejorar la compra pública de los gobiernos locales. Uno de los más importantes, dijo, es la permanencia del personal a cargo de los contratos. 

En las entidades seccionales hay una constante rotación de personal y eso impide que haya especialización. Los cambios de autoridades, como el de mayo de este año, provocaron que muchos GAD empiecen de cero el aprendizaje de compras públicas. 

Otro problema son las adquisiciones dispersas. Todos los municipios necesitan ciertos bienes y servicios, pero las compras se hacen por separado. Además de crear una mayor burocracia, eso afecta al precio. 

La alternativa son las subastas corporativas. Que organismos como la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) y el Consorcio de Gobiernos Provinciales (Congope) hagan grandes compras que se distribuyan entre sus integrantes reduciría costos y trámites.

El Sercop acredita personal

El porcentaje todavía es pequeño pero el avance motiva. El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) culminó una nueva serie de capacitaciones para acreditar a los funcionarios públicos que se dedican a la compra pública de las más de 3.000 entidades que conforman el aparato estatal. Es el segundo año del ejercicio.

Entre 2018 y 2019, por ejemplo, 4.685 burócratas fueron parte de los procesos de capacitación y acreditación que brinda el organismo estatal. De esos, 739 obtuvieron su certificado de conocimiento de compra pública. Es decir, el 16 % de los asistentes a los cursos.

El nivel de conocimiento, si se compara entre años, presenta una leve mejora. Los funcionarios entienden más de los procesos de compra pública. 

El problema es que, según la directora general de la entidad, Silvana Vallejo, el proceso de certificación y capacitación no es obligatorio. En las reformas a la ley de contratación se plantea ese cambio.