Una hoja de papel que contenía la firma de un juez era toda la protección que tenían Amelia López y Paola Urbano, de 23 y 29 años, respectivamente. Las dos mujeres nunca se conocieron, pero vivieron realidades parecidas: fueron asesinadas por sus exparejas, dejaron hijos en la orfandad y tenían boletas de auxilio que no sirvieron para prevenir nada.

La emisión de las boletas de auxilio, como una medida de protección para la víctima en los casos de violencia intrafamiliar, tiene como objetivo evitar que el agresor se acerque o intimide a la víctima, en teoría.

En la práctica, con boleta o sin boleta, los femicidas han logrado estrangular a sus víctimas, apuñalarlas, violarlas, acribillarlas o golpearlas hasta causarles la muerte.

Para la penalista Lorena Grillo, la efectividad de la boleta está en entredicho cuando no sirve para lo que fue diseñada y cuando no va acompañada de otras acciones concretas. Por ejemplo, la Policía Comunitaria o de las Unidades de la Familia o Niñez deben dar seguimiento a estos casos y enviar todos los días, dependiendo del grado de riesgo, a patrullas para que revisen la situación de la mujer y su entorno familiar.

De la boleta, que tiene más de 30 años en vigencia, se creó el botón de alerta. Se diseñó una aplicación y se puso a disposición de las víctimas. La realidad es que el uso de este equipo es limitado y poco efectivo.

Uno de los fiscales de las zonas rurales de Pichincha, quien prefiere que su nombre no sea publicado, revela las deficiencias. “Hay lugares en donde no tienen acceso a Internet, que las casas están en lugares despoblados, dentro de bosques. ¿Cómo se espera que una boleta o un botón de pánico funcione?”.

El investigador ha llevado adelante procesos en contra de hombres que violaban a sus hijas, en donde las parejas eran cómplices, y donde “se había naturalizado la agresión y la violencia, al punto que no sabían que eran víctimas. O cambiaban sus versiones para esconder la realidad y decir que sus agresores eran buenos y que ellas exageraban”.

A Amelia López su pareja la apuñaló 14 días después de presentar una denuncia por violencia y obtener una boleta de auxilio. Los testigos de un barrio de Quito recuerdan que el hombre estaba en el parque esperando que ella llegara a su casa para agredirla.

A Paola Urbano su ex le disparó y luego se quitó la vida, en Quinsaloma, sin que ese papel bond cambie las cosas.

De los 24 millones de dólares que el Gobierno tiene previsto desembolsar hasta 2025, para articular la Ley de Prevención de Violencia de Género, 13 millones se ocuparían solo en este año para el “fortalecimiento de los servicios de protección integral”. Entre estos está la implementación de los denominados Centros Violetas.

Estos son oficinas que dan atención a las víctimas desde los ámbitos jurídico, de salud y psicológico. Esto no es nuevo, Quito tiene la Casa Tres Manuelas desde hace más 20 años y da los mismos servicios, pero el impacto en la reducción de cifras no es evidente.

Otro mecanismo que aún no está disponible es un registro nacional de las víctimas que tienen boletas. Esto deben hacerlo las Juntas de Protección.

• Las alertas. El botón de pánico, llamadas al Servicio Integrado ECU 911, videovigilancia, patrullaje, vigilancia policial son mecanismos de alerta para prevención de violencia de género, según la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia de Género.

• Acompañamiento. Según el artículo 48, la Policía Nacional debe dar el acompañamiento a la víctima para reintegrarla a su domicilio habitual, cuando lo solicite. Y las Juntas de Derechos deben levantar un registro de las víctimas.