La restitución del diálogo es un aspecto fundamental de sanidad democrática y constituía una demanda social del país, pues durante diez años estuvo ausente al vivir unas relaciones no democráticas sino despóticas y autoritarias. Por eso su reinstauración por parte del actual gobierno es considerada positiva, ya que solo por esta vía se pueden resolver los disensos que toda sociedad democrática tiene. Por lo tanto, en la década anterior únicamente primó el deseo de controlar todos los poderes. Hoy lo que se busca es otorgarle la importancia que tiene para una efectiva gobernanza. Su restablecimiento y reposicionamiento debe ir más allá de una estrategia gubernamental. Se le debe atribuir el valor que tiene para un positivo accionar democrático. Desde esta perspectiva hay que señalarlo como un aspecto necesario para recuperar la vigencia de relaciones no autoritarias.

Restituir el diálogo era una necesidad social, constituía una de las primeras tareas y acciones para un mejor funcionamiento y refrendación de la democracia. Pero también debiera entendérselo como un factor que el Gobierno no simplemente busca, sino que realmente quiere practicarlo. Más que nada con los diversos que no coinciden con su orientación ideológica; principalmente, con los gremios empresariales y sindicales. Lo ha hecho tanto con el sector privado y sus agrupaciones, como con las diferentes organizaciones sociales, etc.

Sin embargo, la herencia recibida no solo fue carencia de diálogo. También hay un laberinto de leyes, normas y un sistema institucional “singular” que bloquea acciones de transparencia para investigar a fondo los múltiples hechos de corrupción. Y, sobre todo, lo que se llamó “la mesa servida” (que no fue tal) sino una severa crisis fiscal. Este es otro aspecto básico hacia el cual es necesario dirigir los esfuerzos para lograr resolverla. Y es cierto que el deterioro económico, fiscal y presupuestario así lo exige. Asimismo, se requieren propuestas y acciones que enfrenten los graves problemas que dejó el gobierno anterior. Hoy el país pide que el Gobierno no se entrampe sino que más bien busque medidas y prácticas urgentes en la solución de la crisis heredada. Persistir en el fiscalismo no es un buen camino para rehacer una democracia de diálogo, de consensos, disensos y de soluciones económicas pragmáticas.