En reciente editorial se estimó necesario plantear que era tiempo de aceptar la existencia de una grave crisis económica; que minimizarla no la resolvía y solo quedaba como tarea, en vez de obstinarse en negarla, consensuar las medidas para intentar superarla, balanceando los impactos, de modo que no sean los sectores de menores ingresos los más afectados por ellos.

En reciente editorial se estimó necesario plantear que era tiempo de aceptar la existencia de una grave crisis económica; que minimizarla no la resolvía y solo quedaba como tarea, en vez de obstinarse en negarla, consensuar las medidas para intentar superarla, balanceando los impactos, de modo que no sean los sectores de menores ingresos los más afectados por ellos.

Ahora, cabe insistir en la oportuna toma de esas medidas, precisamente cuando los impactos comienzan a dejarse sentir y, pese a la insistente retórica oficial en contrario, adquieren la incontrastable elocuencia de los hechos.

Así, a indicadores de la situación, tan significativos como el que establece la disminución del consumo de lácteos y cárnicos, en razón de la disminución de los ingresos, se suma la magnitud de los despidos que han venido acentuándose al paso de los días y el incremento del riesgo de desaparición de algunas empresas privadas de antigua fundación que, obviamente, significarán mayor desempleo.

El caso de una clínica guayaquileña de bien ganado prestigio que se ve obligada a reducir su plantilla, también, entre otros motivos, por el peso que le significa la deuda que con ella mantienen sin abonar el Seguro Social y el Ministerio de Salud, es paradigmático de una situación que no cabe seguir negando.

Otra muestra de alto valor la otorgan los decaídos ingresos obtenidos por los operadores turísticos durante el actual periodo vacacional.

Mientras tanto, continúa la apreciación del dólar y las maniobras destinadas a frenar el descenso de los precios del crudo no obtienen el resultado deseado.

En esas circunstancias y desde antes, la reducción del gasto público es un imperativo. No puede seguir siendo el endeudamiento y venta apresurada, mal pensada y, peor aún cotizada, de los mejores bienes económicos, el mecanismo para tratar de solventar el déficit fiscal, ni puede ser el ahogamiento por nuevas imposiciones al sector privado el camino a seguir.

Es obvio que con ingresos inferiores resulta irresponsable no reducir el gasto burocrático -que con menores inversiones, ha visto disminuir el campo de su accionar- y más todavía, incrementarlo por motivos vinculados a la condición de año electoral que tenemos por delante.

El país requiere, más que nunca, seriedad en su conducción y austeridad en el gasto público.