Auspicios personales contra la corrupcion
Participación se distribuye seguimiento de casos emblemáticos. Las obras cuestionadas fueron analizadas por el transitorio.
Empezaron a desempolvar los procesos rezagados. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) mapeó los casos emblemáticos de corrupción de la última década y los distribuyó entre sus integrantes para que les den impulso y seguimiento en las instancias judiciales.
La delegación fue decidida por el presidente del organismo, Christian Cruz, en la última sesión del pleno, el miércoles pasado. A simple vista, la repartición parecería hecha al azar. Pero observándola detenidamente se puede colegir que se tomaron en cuenta desde aspectos geográficos hasta la afinidad hacia determinados temas.
La cuestionada reconstrucción de Manabí y la fallida construcción de la Refinería del Pacífico quedaron en manos de la consejera manabita María Fernanda Rivadeneira, aunque el consejero Francisco Bravo también pidió ser incluido en la investigación de la planta de refinación que se debía levantar en sociedad con Venezuela y tan solo la limpieza del terreno terminó costando más de $ 1.200 millones.
Bravo, también manabita, justificó su pedido de intervenir en el seguimiento a la Refinería porque desde antes de ser integrante del CPCCS ya habría indagado sobre este proyecto que nunca despegó, pero sí le costó dinero al Estado.
Las irregularidades en las escuelas del milenio que, según un informe aprobado en abril pasado por el Consejo de Participación de transición, registrarían sobreprecios de hasta el 102 %, será seguido por el consejero David Rosero, que es cercano al movimiento Unidad Popular y a la Unión Nacional de Educadores (UNE), que ha criticado el modelo de este tipo de unidades educativas.
Rosero fue uno de los opositores más visibles del gobierno del expresidente Rafael Correa. En 2015, cuando se desempeñó, por primera vez, como Consejero de Participación, fue detenido en Ibarra en una protesta mientras la policía allanaba el edificio del Fondo de Cesantía del Magisterio. En su contra todavía existe un proceso judicial por el supuesto delito de ataque y resistencia.
En la otra orilla está Juan Dávalos, a quien se le encargó el impulso y seguimiento de la construcción de la hidroeléctrica Toachi- Pilatón que, según el Consejo transitorio, genera mensualmente un lucro cesante (pérdidas para el Estado) de aproximadamente $ 3,6 millones.
“Se presume que el economista Rafael Correa Delgado, en su calidad de ministro de Economía y Finanzas, cometió el delito de tráfico de influencias; y como presidente de la República permitió la terminación irregular de contratos ocasionando el menoscabo de fondos públicos”, dice un fragmento del informe aprobado por el transitorio.
Dávalos es uno de los candidatos que fue apoyado por Correa y sus militantes durante la elección del CPCCS a través de la “pollita participativa”, aunque al final se deslindó su responsabilidad en esa campaña. El consejero ha reconocido su admiración por el exmandatario, pero también asegura que luchará contra la corrupción que se produzca en cualquier época.
Son siete los casos de corrupción que el actual Consejo de Participación Ciudadana se ha propuesto dar seguimiento y que atravesaban una suerte de ‘stand by’ desde hace cuatro meses que el organismo transitorio cesó en funciones.
Durante la presidencia de José Carlos Tuárez, que duró apenas dos meses, ninguno de los casos heredados fue abordado por el CPCCS. La mira más bien apuntó al cobro no autorizado a los usuarios de la banca privada de un seguro y otros servicios, en el que se vio salpicado el exsecretario de la Presidencia, Eduardo Jurado.
Tuárez también se refería, con insistencia, al caso INA Papers sobre una supuesta trama financiera en paraísos fiscales en la que eventualmente estarían involucradas personas cercanas al expresidente Lenín Moreno. Nada de esto prosperó.
Cruz le dijo ayer a EXPRESO que la distribución que dispuso tiene un carácter “simbólico”, porque en realidad las atribuciones y obligaciones de los integrantes del CPCCS es vigilar todas las causas impulsadas por esta entidad.
Claves
Denuncia
El CPCCS se inauguró la semana pasada presentando una denuncia que dejó el transitorio sobre la Refinería de Esmeraldas.
Irregularidad
Según este organismo, el presupuesto para la Refinería era de $ 127 millones y terminó costando $ 1.700 millones y presenta fallas.
Cooperación
El Consejo de Participación prevé firmar, la semana entrante, un acuerdo con la Fiscalía General para reforzar los vínculos de lucha contra la corrupción.
