Vivir con miedo a tal punto de desconfiar del conductor que te lleva a casa, de quien se te acerca a vender flores en un semáforo, de quien camina detrás o junto a ti en la calle, o hasta de quien se sienta en la mesa conjunta en un restaurante; es lo que más le molesta a Erika Ampuño, habitante de la ciudadela La Garzota, a quien le han robado cuatro veces en lo que va del año.

“La peor fue cuando estaba comiendo con mi hijo de cinco años en un restaurante del sur. Dos tipos se acercaron, totalmente armados. Y sin pudor, nos quitaron todo, encañonando a algunos. Mi hijo tenía en su mano un juguete. ¿Y qué creen? Se lo arrancharon. Vivimos en una sociedad podrida”, sentencia decepcionada.

Como ella, decenas de personas a diario son víctimas de la delincuencia en la ciudad. Las cifras del Ministerio del Interior (ver gráfico) confirman que de enero a junio de este año y en comparación con el mismo periodo del 2018, la ciudad registra más robos a personas (593 nuevos casos), a negocios (57 casos) y de accesorios de autos (153 casos).

Asimismo, detalla que se han robado 915 autos, 271 más que el 2018; y 702 motos, 261 más que el año anterior.

Esta situación ha desbordado la preocupación de líderes barriales y comerciantes, quienes tienen sus propias conclusiones respecto a lo que sucede en Guayaquil. Ambas partes coinciden en varios puntos respecto a lo que está fallando.

Los líderes comunitarios reclaman acciones integrales

Ante estas estadísticas, los líderes barriales, tal como lo han venido haciendo una serie de veces, exigen respuestas; y consideran paralelamente que los operativos ejecutados por la Policía Nacional no están dando los resultados deseados.

¿Qué está fallando? ¿Por qué las cifras no descienden? Son algunos de los cuestionamientos más comunes que tienen, tanto ciudadanos como comerciantes porteños.

La hipótesis de los líderes barriales, no necesariamente derivan culpa a la Policía Nacional, sino más bien a la falta de personal y herramientas para operar o la ineficacia de los protocolos de seguridad preventivos y disuasivos, así como también lo atribuyen a la ineficacia de las leyes punitivas del país.

Una de las falencias que tiene la institución, por ejemplo explica Gustavo Rivadeneira, dirigente comunitario del Distrito 3, radica en el servicio de respuesta inmediata e integral que recepta las emergencias reportadas por la ciudadanía.

A su criterio, están siendo desestimadas en un alto porcentaje cuando se denuncia a personas sospechosas, porque la apreciación es esperar a que sea un delito consumado y no una sospecha.

“Por esto es que digo que no se está previniendo con antelación, que sería lo procedente y lo que se aplicó en ciudades conflictivas como Bogotá en Colombia”, agrega, poniendo énfasis en que hace falta también que un organismo de control evalúe la labor de la Policía Nacional.

No obstante, es vital que esta cuente con los implementos necesarios para poder defenderse, acota Adolfo Klaere, presidente del Comité de Los Ceibos, haciendo hincapié en que los policías requieren de leyes que los protejan; como también lo han indicado los representantes de las Cámaras de Comercio de Guayaquil y de la Pequeña Industria del Guayas en ediciones anteriores.

“No puede ser que al delincuente con 14 detenciones lo dejen libre inmediatamente y que los derechos humanos los defiendan a ellos y no al ciudadano común, que es asesinado y maltratado todo el tiempo”. No puede ser tampoco -sentencia- que la Asamblea no está tomando los correctivos que corresponde para voltear su mirada hacia Guayaquil y actuar ante la problemática por la que está pasando la ciudad.

Para algunos ciudadanos, como Katherine Rosales, quien vive en la décima etapa de la Alborada, una de las medidas que podrían tomarse para reforzar la seguridad radica en el hecho de que las Fuerzas Armadas salgan a la calle a patrullar.

Sin embargo, líderes como Patricio Barroso, presidente del Consejo Barrial de la ciudadela El Cóndor, hacen énfasis en que la medida no es tan simple como parece.

Para que ellos ingresen, sostiene el también exmilitar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, al igual que como pasa con la policía, primero deben cambiarse las leyes. “Las Fuerzas Armadas han sido creadas para que custodien las fronteras, no tenemos la autorización de hacer detenciones directas. ¿Qué quiere decir esto? Que si a un miembro se le va un disparo por agarrar al delincuente, automáticamente las leyes no lo van a amparar”.

¿Qué hacer entonces? Hay que cambiarlas, concuerdan. Y sostienen que la Policía y el Gobierno deben apoyar el plan de seguridad que propone el Municipio de Guayaquil.

“Si todas las entidades trabajan al mismo ritmo y paralelamente se penalizan los delitos y no se permite más el manoseo interno en el sistema, la ciudad puede mejorar”, argumenta el presidente de la agrupación Líderes de Mucho Lote 2, Antonio Barco, quien ante el nivel de violencia que hoy se experimenta, no descarta que el conflicto que se está viviendo de igual forma en el interior de la cárcel, esté relacionado con lo que está pasando en el Puerto Principal.

“Pienso que es muy posible que los líderes de aquellas bandas que están adentro, están operando de igual forma en el exterior. Hay que ponerle atención al tema. Y es que si no se pone un freno, de aquí a mañana serán las bandas quienes nos van a gobernar”, agrega.

Los comerciantes quieren mayor resguardo

Cuestionamientos similares se hacen los comerciantes y propietarios de las grandes y pequeñas empresas que, ante la problemática, tal como lo precisó Francisco García, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria del Guayas en una entrevista anterior con EXPRESO; se ven obligados a encerrarse e invertir entre $ 1.500 y $ 5.000 en una serie de equipos que los protejan.

Sin embargo, hay minoristas como los que se ubican en la Bahía, que se sienten aún más desprotegidos. Comparten con los líderes barriales en que hace falta mejorar los protocolos, asignar mayor cantidad de agentes en zonas concurridas y cambiar la normativa desde la Asamblea.

“Esta sigue siendo la tierra de nadie”, dice García, al sugerir que para que exista más organización y monitoreo, factores -a su juicio- claves para reducir el número de delitos, en Guayaquil deberían construirse más bahías o espacios donde los comerciantes puedan vender sus productos sin miedo.

‘Berta’ (nombre protegido) ha sido comerciante del centro comercial, La Bahía, por cerca de 30 años. No quiere exponer su nombre y tampoco su rostro porque -asegura- que quienes llevan el control en ese sector son los delincuentes, y prefiere evitarse represalias.

“Aquí hay bandas organizadas para robar, desde mujeres embarazadas hasta niños y adultos mayores. Yo me puse una cámara en mi local y contraté un guardia. Últimamente, se ha vuelto tan feo que, incluso, ya hasta he pensado en vender el local”, comenta.

Para ‘Berta’ el problema tiene relación con la falta de rondas policiales a pie dentro del centro comercial. “Jamás se ha visto a la policía caminar por este sector; entonces uno vive desprotegido. Si hay un robo, los ladrones corren y se esconden; se cambian la camisa y vuelven a robar tranquilamente”, relata.

Resurrección Chacaguasay, representante de vendedores del Mercado Municipal Norte, tiene una percepción similar. “Hemos enviado oficios a la Policía y hasta al Municipio para que haya controles, pero no sucede nada”, cuenta el comerciante. Desde su punto de vista, también el aumento de controles de la Policía es la única solución a la delincuencia.

Al respecto, el comandante de la Policía Nacional zona 8, Ramiro Ortega, asegura que los territorios donde se concentra la mayor cantidad de la población son mucho más propensos a presentar hechos delictivos. “La dinámica de los sectores que concentran gran número de residentes, centros académicos, negocios, bancos, turismo atrae a la delincuencia”, señala. Y, afirma, en estos sitios se llevan a cabo “operaciones de inteligencia operativa para evitar el delito y las víctimas”.

Aunque, a veces, ni siquiera estar cerca de la Policía es sinónimo de seguridad. El viernes pasado, un local de ropa para bebés, situado en el centro comercial Plaza Rocafuerte, detrás de la Unidad de la Policía Comunitaria del subcircuito Garay 2, fue vaciado por el hampa. “Mediante la grabación de cámaras de vídeo estamos investigando el hecho”, señaló el jefe de Policía del Distrito 9 de Octubre, Juan Carlos Soria.

Manuel Muñoz, director del comité cívico procentro y de la Cámara de Comercio, cree en cambio que son suficientes los controles policiales; que lo que falla es la falta de unificación del Gobierno central junto al Municipio para detener la inseguridad. Además de ello, coincide con los líderes barriales, en que se deben clarificar las leyes antidelincuenciales y que los fiscales deben hacer un trabajo mucho más eficiente.