Los apuros económicos por los que atraviesa el Gobierno central golpean a las prefecturas. Nueve de las veinticuatro provincias se quejaron ayer en Quito por la falta de recursos. Los prefectos advirtieron “que solo podrán soportar esta crisis por un mes”. Guillermo Herrera, prefecto del Carchi, en nombre de la Mancomunidad del Norte explicó que la deuda es por la competencia de riego, devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y los recursos establecidos en el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). A las nueve prefecturas el Gobierno central les debe 73 millones de dólares (ver infografía). Ninguna de ellas está dirigida por Alianza PAIS. ¿Qué consecuencias existen? El retraso en la transferencia de los recursos impide el avance de obras prioritarias en vialidad e infraestructura y el pago a proveedores. Lo más grave de todo, dijo Herrera, es que se adeuda a los empleados. “Si el Gobierno no plantea soluciones para igualarse en los montos, las prefecturas podrían soportar un mes más. Para un mes tenemos provisiones”, manifestó. Antonio Kubes, presidente del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales Amazónicos (Conga), que agrupa a las seis prefecturas del Oriente, explicó que la deuda se arrastra desde el año anterior. Aunque reconoció que sí reciben transferencias menores. Con una parte de los recursos de noviembre, en este mes, “se pudo pagar salarios de diciembre”. Aún queda por pagar los salarios de enero. Lucía Soca, prefecta de Esmeraldas, tiene un problema adicional. Su provincia está afrontando fuertes lluvias por efectos del fenómeno El Niño y tiene muchos frentes que atender. La necesidad ha “hecho que tenga que salir a fiar”, dijo, porque no se puede paralizar el trabajo de la maquinaria. Los prefectos inconformes se reunieron en la sede del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales en Quito. El organismo es presidido por el oficialista Gustavo Baroja, a quien también le pidieron acciones concretas. El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, también alzó su voz de reclamo ante el Gobierno central por las rentas de diciembre y enero. Según sus cuentas, la deuda del Ejecutivo con las prefecturas, municipios y juntas parroquiales supera los 550 millones de dólares. A Guayaquil le debe 52,5 millones. Considera aquello como un atropello y una retención indebida de fondos porque, explica, esos dineros son las rentas de las provincias, cantones y parroquias, que el Gobierno simplemente las recauda con el deber de entregarlas a los ciudadanos para la obra pública, para pagar los salarios. “El Gobierno se está apropiando indebidamente de los fondos de las provincias, de las ciudades, de las juntas parroquiales, de todos los rincones de la patria”, denunció el alcalde, quien hizo un llamado a la ciudadanía a ir profundizando en el daño que se pretende hacer. “Vamos a armarnos de paciencia... a prepararnos para actuar como corresponde en el momento en que debamos”, afirmó Nebot.