Si Ud. insulta en público a un presidente de la República es valiente; en cambio, si Ud. es indígena y alguien se dirige a Ud. de la misma forma ¡es racismo! La defensa que un mandatario hace en Bolivia de un triunfo repleto de señales de fraude (luego de haber violentado la Constitución para postularse) ¡la voluntad del pueblo! Ordenar el bloqueo de las ciudades para evitar la circulación, interrumpir las telecomunicaciones, impedir el acceso de alimentos y medicinas, y tomarse las fuentes de agua es una estrategia válida; pero si el gobierno de Chile, ocasionalmente de derecha, impone un estado de emergencia para controlar el orden, ¡es represión fascista! Un representante de un organismo internacional sentencia estultamente que el derecho a ser reelegido indefinidamente ¡es un derecho humano! Lo afirma con solemnidad de burócrata internacional y la certeza propia de su ignorancia.

Para entender estas manifestaciones de violencia y terrorismo debemos considerar que el SSXXI aborrece no solo al mercado, sino que le irrita la democracia. Las elecciones son prácticas burguesas; el poder debe dirimirse con violencia, destruyendo la propiedad pública y privada, y luego, cuando el polvo se ha asentado, reclamar los derechos humanos e insistir en que la paz social requiere la liberación inmediata de todos los revoltosos. La impunidad, en su lógica, es un derecho adquirido; se puede destruir vidas, quemar policías, atacar a periodistas a piedrazos por la espalda, causar pérdidas económicas enormes, y después reclamar que eso es justicia social.

Los indígenas, cuya representación demográfica y política en la Costa es cero, proponen que regresemos al siglo XV, adoptando el ordenamiento jerárquico y económico de los incas. Hay una sobredosis de sentimientos injustificados pues los quinientos años de historia transcurridos nos han enseñado que para progresar hay que trabajar, ser productivo, frugal, saber ahorrar y tomar riesgos. Quienes no pagan impuestos exigen una tasa marginal de 75 % en la renta, proponen limitar los sueldos públicos y privados, a $4.000 mensuales, y plantean una agricultura colectivista que no solo provocaría el hambre, sino que dejaría sin empleo a 2,7 millones de ecuatorianos. Es la definición más cercana al disparate económico que grupo alguno haya propuesto.

La barbarie avanza porque su vocación es la conspiración y porque el ‘establishment’ lo permite con su letargo, complacencia e indiferencia frente a alarmas que son reales. El “appeasement” que les caracteriza los hace merecedores de la suerte que correrán si las amenazas llegaran a tornarse en realidad. Está abierto un flanco en la defensa del buen orden, de la democracia representativa y la libertad económica. Se requiere entonces estar con el ojo avizor, tener inteligencia permanente respecto de los actores, de sus movimientos e intenciones, dotar de recursos a la fuerza pública y darle el respaldo que se merece en cumplimiento de las tareas de represión de cualquier movimiento subversivo, y, finalmente, no pasar por alto que hay que montar acciones efectivas para combatir la pobreza, la miseria y la marginación con un nuevo ordenamiento del Estado ecuatoriano.