Asambleista de PAIS pedira el archivo del proyecto de ley de Equilibrio de las Finanzas

Sube a su auto, un Ford 4x4, y se acomoda las piernas. No es un vehículo ortopédico, sino adaptado para él, con una palanca de mano para activar el freno.

Richard Farfán, legislador de Alianza PAIS y miembro de la Comisión de la Salud, tiene poliomielitis. Él rechaza las reformas, dedicadas a las 400.000 personas con discapacidad del país, que están incluidas en el proyecto de ley de Equilibrio de las Finanzas.

Por ejemplo, la eliminación de la exoneración del impuesto verde a los vehículos para este grupo social. “Esa disposición es regresiva, contradice lo dispuesto a la Constitución”, dijo a EXPRESO. Ellos, recordó, pertenecen a un grupo de atención prioritaria y el Estado debe disponer medidas afirmativas.

Otro tema es la reducción de la base para la devolución del IVA. Según el legislador oficialista por Loja, eso no tiene un fin regulatorio legítimo, sino que prioriza la recaudación por sobre los derechos establecidos.

El tercer punto es el techo a los valores para importar automóviles ortopédicos o no ortopédicos. Hoy, este es de 40.320 dólares, pero con la reforma será de 18.300 dólares, una cantidad insuficiente para comprar un vehículo, dice. “Si el Gobierno ha detectado abusos en la compra de estos vehículos ¿por qué no ha sancionado a los responsables?”, cuestionó.

Por eso, pide el archivo de la propuesta del Ejecutivo. Pero no es el único.

La asambleísta del Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, Cristina Kronfle, también se opone. Ella, que tiene atrofia al nervio espinal y usa una silla de ruedas, suma otro tema que afecta a los discapacitados.

“Cuando hay crisis, la cuerda se rompe por el lado más frágil, es decir, los adultos mayores, las personas con discapacidad y las que tienen enfermedades catastróficas”, subrayó.

Para ella, otro problema son los gravámenes a las herencias y legados para esta población. Según la Ley de Régimen Tributario, “estamos exentos de pagar esas tasas, pero las reformas señalan que sí pagaremos de acuerdo a nuestro grado de discapacidad”, explicó a este Diario. Esto estaba en la Ley de Herencias y en la de Plusvalía que el Ejecutivo archivó en 2015, recordó.

Pero el Gobierno defendió sus reformas. Betty Tola, ministra de Inclusión Social, subrayó que no restringen ningún derecho, sino que regulan los abusos de ciertas personas discapacitadas. Javier Torres, presidente del Conadis, contó, por ejemplo, que una persona de 100 años importó un BMW. CMP