Cuando la Asamblea se queda sin dudas
El proceso de fiscalización se rige por lo establecido en el Código de la Función Legislativa. Sin embargo, muchos de los formalismos no constan en la ley. Por ejemplo, la exigencia de tramitarlos a través de la presidencia de la Asamblea.
Cuota mínima. La Asamblea Nacional, cuyo rol fiscalizador ha permanecido desde el inicio bajo la luz de la sospecha, remite siempre a las cifras para despejar las críticas: 3.746 pedidos de información se han elevado al Ejecutivo desde el Pleno. Y, aunque el número de preguntas fiscalizadoras por asambleísta asciende a 27, en promedio; cerca del 11 % de los legisladores solo ha hecho uso de esta facultad en una ocasión, tres años después de asumir las curules y a uno de terminar su periodo.
La información a la que ha tenido acceso EXPRESO, que evidencia el contraste entre legisladores oficialistas y opositores que despachan por centenas sus requerimientos y los 16 dignatarios que se han limitado al mínimo posible, cobra relevancia a pocos días de iniciarse el debate sobre el Código de la Función Legislativa, donde todas las tiendas políticas están dispuestas a revisar el procedimiento para la fiscalización, tal y como se adelantó ayer en estas páginas.
La fiscalización es un procedimiento complejo, cuya mutación en la era correísta proclama haber acabado con esta obligación constitucional como un “sinónimo exclusivo de juicio político”, según la comisión dominada por el oficialismo. La bancada verdeflex aboga entonces por fiscalizar de otro modo: el formal. Los pedidos de información son la base de un proceso que antecede a la comparecencia en comisiones y al juicio político, la última instancia.
Se trata de preguntas (sobre cualquier asunto) remitidas a cualquier funcionario, que deben ser respondidas en un plazo de 15 días. Y aunque, desde que el presidente Rafael Correa ordenara a sus ministros -en 2012- que no respondieran pedidos de información si estos no llegaban tramitados por la oficialista presidencial de la Asamblea y la gestión se complicó para las dudas opositoras, no todos en el partido de Gobierno aprovechan las pocas dificultades que enfrentan sus preguntas, cuyo margen de respuestas alcanza el 99 % y casi triplica el pobre porcentaje de explicaciones concedidas a la oposición. De los 16 legisladores con solo un pedido de información, 10 pertenecen a la bancada de Alianza PAIS.
Una de ellas, María Alejandra Vicuña, de la comisión de Salud, quien elevó su única consulta en 2014, asegura a este medio que esto “no implica que no haya existido fiscalización” en su gestión, y cita reuniones directas con autoridades, consultas elevadas desde la comisión y trabajo en territorio para solucionar dificultades como herramientas que superan “la formalidad del pedido de información”.
Es una visión que no comparten quienes más explotan el recurso. Andrés Páez (CREO), el opositor con más preguntas en el historial (casi 300), cree que se trata de un mecanismo válido para cumplir con la obligación fiscalizadora. “No siempre me contestan. Muchas veces requiero ampliaciones, aclaraciones y nuevas insistencias”, advierte Páez, “pero sí me ha permitido obtener la información necesaria”. Y fiel a su estilo crítico se lanza contra sus colegas al final del ranking: “hay quienes han proyectado que su función se limita a levantar la mano”.
Y aunque el debate de la capacidad fiscalizadora del Legislativo no puede resolverse solamente con cifras, pues muchas de las preguntas de la oposición, cientos de ellas, no se contabilizan en el registro oficial por no seguir el procedimiento impuesto por la mayoría verdeflex: que el trámite sea regulado y aprobado por el despacho de la presidenta Gabriela Rivadeneira; la cantidad deja clara una lectura más allá de la calidad: no todos lo intentan por igual.