Sin las palabras “traición a la patria”, pero con toda la argumentación que conducía a ellas, el informe de comisión que proponía el enjuiciamiento político del presidente de la República llegó el sábado al Pleno de la Asamblea y fue aprobado casi sin cambios. Quedó intacta la acusación de delitos contra la seguridad del Estado, disparada al buen tun tun y sin especificar cuál o cuáles de ellos (son 29) cometió Guillermo Lasso. Quedó planteada también la acusación de delitos contra la administración pública (peculado, cohecho, concusión) en la modalidad de comisión por omisión, un imposible jurídico, pues los únicos delitos para los cuales el Código Orgánico Integral Penal reconoce la posibilidad de comisión por omisión son aquellos que atentan contra la vida, la salud, la libertad y la integridad de las personas. Así las cosas, la oposición tiene dos alternativas por delante: resignarse a hacer el ridículo ante la Corte Constitucional, que debe calificar la admisibilidad de las causales del juicio político, o echar el informe de la comisión a la basura e inventarse causales nuevas.

Tras una semana de intenso debate público sobre las abismales aberraciones jurídicas del informe de la comisión ocasional, se esperaba que el Pleno, en su sesión del sábado, abordara por lo menos las más gruesas. De espaldas a la sociedad también en esto, la Asamblea decidió dejar las cosas como estaban y gastar tres horas y media en un simulacro de debate, en el cual la culpabilidad del presidente se dio por descontada y no se hizo el menor esfuerzo por afinar las bases jurídicas del juicio. Por no cambiar, ni siquiera se eliminó la mención, introducida por Mireya Pazmiño a última hora en el informe, de un documento que, al día siguiente, se demostró (y no existen dudas al respecto) que es falso: la supuesta carta del asociado de la mafia y prófugo Leonardo Cortázar, en la que asegura haber aportado a la campaña electoral de Guillermo Lasso. El propio Cortázar la desmintió, pero ahí sigue.

Que el debate fuera un simulacro fue una decisión planeada y ejecutada por el presidente Virgilio Saquicela con la férrea voluntad (y la sutileza y la sensibilidad) de un bulldog con un hueso entre los dientes. Privilegió la participación masiva al intercambio de ideas inteligente y determinó que el tiempo máximo de intervención sería de cinco minutos: los discursos de diez quedan reservados para los temas importantes, como el día del bizcocho (literalmente). Aplicó este criterio a rajatabla, desconectando el micrófono de los asambleístas en uso de la palabra y cortándoles en media idea. Cuál será la calidad del debate parlamentario que nadie lo lamentó.

Hubo una sola excepción: Ricardo Vanegas saltó al ruedo con una denuncia que puso a temblar a media Asamblea. “Yo que sí sé leer -dijo en alusión al rampante analfabetismo funcional de la mayoría de asambleístas- encuentro las trampas del informe”. Y contó la historia de la información sobre las identidades de los políticos relacionados con la mafia albanesa que el superintendente de Compañías entregó a la comisión investigadora en sesión reservada, y que la comisión decidió, dijo, mantener oculta. Información que involucra a gente del correísmo, la Izquierda Democrática, el Partido Social Cristiano y Sociedad Patriótica en el lavado de dinero de la mafia albanesa. “Y aquí es donde aparecen diez albaneses”, iba diciendo cuando Virgilio Saquicela le dio las gracias y le apagó el micrófono. Un rumor recorrió el salón plenario, de descontento en unos casos, de alivio en otros. Y no se volvió a tocar el asunto. El hecho de que una revelación semejante pudiera ser, sin ninguna consecuencia, silenciada en aplicación de un arbitrario reglamento, ilustra el tipo de política que se practica en este recinto.

El caso es que no importa: a la final, Vanegas votó a favor de ese informe al que dijo encontrarle las trampas. Y así con una gran cantidad de asambleístas. Nada de lo que se dijo fue importante, y si algunas cosas merecen anotarse es precisamente por no serlo. Carece de importancia que la asambleísta de Pachakutik Patricia Sánchez destrozara el trabajo de la comisión y calificara el juicio político como “un tongo” porque, al final, votó a favor del informe. Carece de importancia que su compañero de bancada, Salvador Quishpe, acusara a Mireya Pazmiño, vicepresidenta de la comisión y coautora del informe, de ser cómplice de la corrupción en la flota petrolera (ver recuadro): también él votó a favor. Carece de importancia que Johana Moreira, de la Izquierda Democrática, se proclamara “ni correísta ni lassista”. Ella, alma pura, también votó, para satisfacción correísta, a favor de ese informe que acusa al presidente de causales que no existen. Y con ella su compañera de bancada Wilma Andrade y todo su partido. Dalton Bacigalupo no, porque no estuvo (qué ventajoso).

En cuanto a los socialcristianos, fueron ellos precisamente los más entusiastas promotores del tipo penal inventado del peculado por omisión. Para justificarlo, un prestidigitador Esteban Torres se sirvió precisamente del artículo del Código Penal que lo vuelve impracticable: el número 28, donde se establece que la comisión por omisión se aplica únicamente a los delitos contra la vida, la salud, la libertad y la integridad de las personas. Claro que él citó, de ese artículo, nomás la mitad de arriba. Ya es, para todos los efectos, un correísta más.

El secreto de doña Mireya

El contrato de Flopec con Amazonas Tankers perjudicó al país en más de 6 millones de dólares, según Contraloría. Mireya Pazmiño, vicepresidenta de la comisión ocasional, sabía del perjuicio hace un año “y no hizo nada”, la acusó Salvador Quishpe. Se equivoca, sí hizo: escribió dos informes (uno como presidenta de la Comisión de Régimen Económico y otro a nombre propio) defendiendo la permanencia del contrato.