Leonidas Iza ya tiene tarea para el grupo parlamentario de Pachakutik: cinco asambleístas de quienes espera total subordinación. Curiosamente, esa tarea no tiene que ver con las demandas emblemáticas del movimiento indígena: no se trata de un paquete de reformas para decretar la condonación de las deudas con la banca privada, menos aún para prevenir y erradicar la desnutrición infantil de las comunidades; tampoco es un proyecto de ley de extinción de dominio que sirva para recuperar en algo el dinero de la corrupción, como exige él en sus proclamas; ni siquiera una ley para detener el incremento de las actividades mineras ilegales que tanto contaminan el agua y el suelo en los territorios indígenas (aunque esta contaminación parece no preocuparle demasiado). Nada de eso. La prioridad en la agenda parlamentaria de la Conaie que Leonidas Iza anunció esta semana tiene que ver con la fiscalización: “La señora Diana Salazar -dijo Iza- lo único que ha hecho es utilizar la justicia para poner al servicio de la presión de la oligarquía de este país”. En consecuencia, “la Asamblea Nacional tiene que revisar los actos de la señora fiscal y vamos con todo, tiene que ir a un juicio político”. Fiel a su estilo, el presidente de la Conaie propone nada más y nada menos que un terremoto.

¿Quién más puede estar interesado en una agenda parlamentaria con semejante prioridad política? En otras palabras: ¿con qué aliados cuenta Leonidas Iza para impulsar este juicio? Con el correísmo, desde luego, que siempre ha considerado la destitución de la fiscal como uno de los premios mayores que podría obtener de su pulsión conspiradora: la cabeza de Diana Salazar no solo es un trofeo de venganza (esa “contundente venganza personal” que constituía la principal oferta de la campaña correísta, junto con el saqueo de las reservas internacionales), sino un paso previo indispensable para avanzar en el proyecto de impunidad para sus prófugos y presos. Precisamente esta semana, los correístas se resignaron a dejar sin efecto el informe de investigación contra la fiscal por presunto plagio, que impulsaban en el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS). El intento de destituir a Diana Salazar desde ese organismo, pese a la prohibición específica de hacerlo, determinó la destitución de su presidente, Alembert Vera, por parte de la Corte Constitucional. Les salió barato: hay quienes sostienen (entre ellos el juez constitucional Enrique Herrería, en su voto salvado) que la sanción debió aplicarse a todos los consejeros de Participación Ciudadana que apoyaron el proceso contra la fiscal, para el cual no tenían competencias, es decir, el bloque correísta de ese organismo en pleno. Esto no ocurrió: solo salió Vera y el resto de correístas conservaron sus cargos, pero sí se logró persuadirlos para que renuncien a sus pretensiones. A partir de ahora, si el correísmo mantiene su interés por destituir a Diana Salazar (y es evidente que sí) deberá cambiar de escenarios.

En este punto desalentador, la propuesta de Leonidas Iza para enjuiciar a la fiscal como máxima prioridad de la agenda parlamentaria debe resultar enormemente atractiva para la bancada correísta. La causal es lo de menos, bastaría con inventarse una que podría ser, por qué no, la misma del CPCCS: plagio de su tesis doctoral. Qué importa que el Consejo Académico de la Universidad Central certificara lo contrario, también al CPCCS le importó el comino, cuánto más a la mayoría parlamentaria. El problema, precisamente, consiste en obtener esa mayoría. Para ello, considerando los 52 escaños correístas y los 5 de Pachakutik, apenas faltan 13 votos, pues destituir a la fiscal general del Estado es más fácil que librarse de un asambleísta ratero, como ha habido tantos: para censurar a la primera se necesitan 70 voluntades; al segundo, 92.

Esos 13 votos que faltan a la causa los tiene el Partido Social Cristiano. Nomás hay que ver si los pone, es decir, hay que ver si todavía ese partido (la decisión, obviamente, es de su líder: Jaime Nebot) se encuentra dispuesto a mantener su alianza con el correísmo, que le significó un gran desgaste en la Legislatura pasada, hasta el extremo de quedarse prácticamente sin bancada por la deserción de sus propios asambleístas. Antes de la muerte cruzada, correístas y socialcristianos venían trabajando juntos precisamente sobre la base de sus intereses compartidos en el Consejo de Participación Ciudadana, los organismos de control y la justicia. Coincidían, por ello, en una misma agenda de fiscalización. A ambos partidos les conviene tener un contralor sobre el cual puedan influir. Ambos partidos, en consecuencia, están interesados en recuperar el control del CPCCS para manejar ese y otros nombramientos. Por si fuera poco, ambos comparten sus antipatías hacia la fiscal, cuya estrategia (hasta el momento exitosa) para conservar su cargo, ha consistido en mantener abiertos procesos investigativos que involucren a todos los actores políticos que de algún modo puedan causarle daño. Ahí está, por ejemplo, el caso de J. J. Franco como una espina clavada en el trasero de Nebot: ni avanza ni se cierra, nomás duerme.

Hay analistas, entre ellos Rafael Cuesta, en este mismo Diario, que creen que la única garantía de sobrevivencia del Partido Social Cristiano reside en distanciarse del correísmo. Y confía en que así lo entenderá Jaime Nebot, y que no volverá a cometer el mismo error de la Legislatura pasada. Cuesta tiene razón, salvo por un detalle: la agenda de intereses compartidos se mantiene intacta. Es muy significativo el hecho de que el alcalde de Guayaquil, el correísta Aquiles Álvarez, también esta semana lanzara la propuesta (dirigida al presidente electo, Daniel Noboa) de pactar con el correísmo y los socialcristianos por un espacio de gobernabilidad en la Asamblea. Si no hay esa gobernabilidad, dejó caer inadvertidamente, empezará el “fuego cruzado”. Nadie lo ha dicho, pero esa es una amenaza en toda regla. En Quito, figuras del socialcristianismo a cuya opinión tuvo acceso este Diario, creen que solo la insidia de la prensa ha evitado a correístas y socialcristianos conversar fluidamente, pero da a entender que eso ya está hecho, gracias a lo cual la Asamblea tendrá un experimentado presidente.

¿Henry Kronfle? Un medio digital lo dio por hecho, sobre la base de un supuesto pacto entre gobierno, socialcristianos y correístas. El aludido lo desmintió de inmediato. Se sabe que, por el contrario, su partido ha estado en conversaciones con el bloque de Construye, el movimiento de Fernando Villavicencio que, con 29 escaños (quizá dos o tres menos, pues se prevé la salida de un grupo perteneciente al movimiento Gente Buena) es la segunda fuerza política de la Asamblea. Lo cual, por el momento, no garantiza nada. Construye está abierto al diálogo con todo el mundo, menos con un partido: el correísta. Esa, han dicho sus dirigentes, es su línea roja, pues la agenda política del correísmo pasa por la conspiración, la consolidación de un proyecto antidemocrático y la búsqueda de impunidad para sus corruptos, es decir, lo que sabe todo el mundo. Hay partidos supuestamente democráticos a quienes esa agenda no disuade de acercarse a ellos. Pero lo que más llama la atención en este ir y venir de conversaciones y búsquedas de acuerdos prelegislativos es que precisamente a Construye, con su potencial político y su imperativo ético, no se haya acercado la minúscula bancada de gobierno para proponerle nada. No parece una señal muy alentadora.

Correísmo, ¿a la deriva?

Todos los escenarios que trazan las fuerzas políticas de cara a la conformación de una mayoría parlamentaria que garantice la gobernabilidad (o la obstruya), dependerán de una variable que, por el momento, es un misterio: ¿se mantendrá unida la bancada correísta? A estas alturas, las diferencias entre sus militantes ya no se pueden negar y parecen, de alguna manera, irreconciliables. El boicot a las reuniones del bloque orquestado por Jorge Glas, la ruptura de Marcela Aguiñaga con la dirigencia, las demandas del grupo de México... De pronto, todo amenaza con irse a pique.