
Asamblea y gremios atajan el tramite
Sala de crisis. La comisión legislativa sesionó ayer en Guayaquil en la sede del ECU-911.
Como si fuera una carrera de relevos, durante cuatro horas, los representantes de los sectores productivos y los legisladores de la Comisión de Régimen Económico y Tributario se pasaron la posta para desgranar al detalle y en generalidades las trampas de tramitología que entorpecen el andar económico del sector privado y del país.
Estuvieron casi todos los líderes de los gremios, invitados por el presidente de la Comisión, Pabel Muñoz, y el asambleísta Henry Kronfle, expresidente del Comité Ecuatoriano Empresarial. En la sesión también participó la vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla. Y todos comprimieron su discurso a los 10 minutos por reloj asignados a cada uno.
El objetivo estaba claro: explicar por qué los innumerables y aún más variados trámites que se necesitan para arrancar un negocio, desarrollarlo, pagar impuestos, contratar trabajadores, cambiar de actividad o cerrarlo, merman la capacidad de desarrollo de las empresas. Los asambleístas, muy interesados y en ocasiones sorprendidos por la casuística de torpezas a las que han visto sometidos algunos negocios, anotaron las demandas y, al final, establecieron unas prioridades.
La principal conclusión: que el articulado del proyecto de ley de optimización y eficiencia de trámites que se preparaba va a necesitar algo más de tres preceptos para atajar la burocracia engorrosa y necesaria.
Se estudiarán métodos de otros países como el 2x1 de México, sugerido por el presidente del Comité Ecuatoriano Empresarial, Richard Martínez, que obliga a la institución que quiera crear un nuevo trámite a eliminar dos. Así, se impone un criterio de racionalidad.
Los municipios resultaron ser, ayer, junto con instituciones públicas de recaudación o certificación (Servicio de Rentas Internas, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador o el Servicio Ecuatoriano de Normalización), los más señalados por duplicación y abuso de la tramitología.
El proyecto de ley, irónicamente, tendrá que acatar una serie de trámites legislativos para cumplir con su cometido de optimizar el desarrollo de actividades en el país. Al menos, para el primer paso, contó con la participación de casi todos los implicados.