La Asamblea Nacional se prepara para tramitar las preguntas aprobadas en el referéndum y consulta popular del 21 de abril de 2024. Aunque las bancadas coinciden en respetar la voluntad popular, el anuncio de “modular” los proyectos de ley que envíe el Ejecutivo causa recelo.

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Según los anexos de la consulta popular, luego de la proclamación de resultados, el presidente Daniel Noboa tendrá cinco días para remitir los proyectos de ley respectivos. Sin embargo, el titular de la Asamblea, Henry Kronfle, adelantó que eso no implica que se salte el proceso parlamentario.

De hecho, la postura del Partido Social Cristiano (PSC) es que lo votado debe respetarse, pero que esto no significa que los proyectos del mandatario no puedan recibir aportes de los asambleístas, “siempre que estos se enmarquen en la decisión popular”, señala la asambleísta Dallyana Passailaigue.

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En esa misma línea está el correísmo. “Tenemos que discutirlos y dar nuestros aportes si es necesario para mejorar el texto como lo determina la ley”, comenta la legisladora Mónica Palacios, quien no respondió al ser consultada sobre cómo procurará que esos aportes no terminen cambiando lo votado en urnas.

Precisamente, esto último preocupa al resto de bancadas que, aunque reconocen que la Asamblea Nacional tiene la facultad de debatir los proyectos de ley, adelantan que estarán vigilantes de que en el camino del proceso parlamentario no se cambie lo aprobado en el referéndum y consulta popular.

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“Los conceptos ya están dentro de las preguntas y los anexos. No hay necesidad de que haya cambios. La Asamblea Nacional solo debe plasmar las reformas de las leyes (...)”, acota Ramiro Vela, asambleísta del oficialismo, quien recuerda que los límites ya los estableció la Corte Constitucional.

En su dictamen de control de constitucionalidad, el pleno de la Corte Constitucional señaló que los proyectos que envíe el Ejecutivo deberán tramitarse con el proceso parlamentario ordinario sin que esto implique modificar los textos de las preguntas aprobados, recuerda el jurista José Chalco.

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“La Asamblea y el presidente no pueden moverse por fuera del mandato popular. Su inobservancia podría hacer que la Corte Constitucional active la fase de seguimiento de cumplimiento y se podría llegar hasta la destitución de los funcionarios incumplidores (...)”, acota el constitucionalista Chalco.

Por ello, la bancada de Construye, según la asambleísta Nataly Morillo, así como algunos legisladores independientes, señalan que estarán expectantes en que se cumpla la decisión ciudadana expresada en la consulta popular del 21 de abril de 2024: “De existir algún intento de meter por la rendija temas que benefician a ciertas organizaciones políticas lo alertaremos”, sostienen.

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Lucía Posso y Pedro Velasco, ambos legisladores de Avanza, por otra parte, hacen hincapié en que la Asamblea Nacional no puede extralimitarse en el trámite de los proyectos de ley del Ejecutivo. "No creo que pueda existir otra posición ética que no cambiar la decisión popular (...)", señala Posso.

Velasco, por su parte, señala que el temor es entendible, ya que semanas atrás la Asamblea Nacional era noticia por los artículos colados en las polémicas reformas al Código Integral Penal (COIP). "Eso no puede volver a suceder. Se estaría distorsionando la voluntad popular (...)", acotó.

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En esa misma línea, el expresidente y actual asambleísta, Lucio Gutiérrez, hace hincapié en que la Asamblea Nacional no tiene otro deber más que acatar lo votado en las urnas. "Lo único que podríamos hacer es hacer cambios con la finalidad de clarificar las propuestas de ley, pero no cambiar la decisión del pueblo ecuatoriano (...)", señala.

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