El acuerdo entre correístas y socialcristianos para recuperar el manejo del Consejo de Participación Ciudadana y, desde ahí, tomar por asalto los organismos de control (Roberto Cuero admite que ese acuerdo existe y a mucha honra), avanzó este martes un paso decisivo. Al término de un debate más bien relámpago en el cual las principales figuras de las bancadas conspiradoras prefirieron pasar de agache, el Pleno de la Asamblea decidió someter a juicio político únicamente a cuatro de los siete integrantes de dicho organismo: los cuatro que el correísmo y el PSC no controlan. Había un debate pendiente sobre la legitimidad del procedimiento: ese debate fue ignorado. Hacía falta una explicación convincente sobre por qué enjuiciar solo a cuatro de sus miembros y no a los siete: esa explicación no fue dada. Aquí, cuando se tienen los votos, las razones sobran. 

El juicio político se cumplirá este viernes. Serán procesados los consejeros Ibeth Estupiñán, Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y el presidente Hernán Ulloa. Los protegidos por la Asamblea son Sofía Almeida, Juan Dávalos y David Rosero.

La sesión se instaló sin informe de la mesa de Fiscalización, de manera que no estaba claro el objeto del debate. Señalamientos contra la figura del presidente de esa Comisión, Fernando Villavicencio (ausente por sanción administrativa), por no haber entregado el informe a tiempo. La disidente de Pachakutik y aliada correísta Mireya Pazmiño, impulsora del juicio político contra solo cuatro consejeros, pidió más sanciones contra él por esa causa, pero no se atrevió a incluirlas en la moción de resolución que puso a consideración del Pleno. “Lo que ha ocurrido ahí es descarado y desastroso”, dijo. Y no pasó de ahí.

Razones para llevar a juicio político al Consejo de Participación Ciudadana sobran: haber cambiado el reglamento del concurso para elegir contralor con el proceso en marcha; haber mostrado poca transparencia en la elección de superintendente de Organización Territorial, con sospechas de conflicto de intereses y audios que revelaban las conversaciones entre la consejera Ibeth Estupiñán y una de las aspirantes; y, sobre todo, haber excedido sus atribuciones al resolver la destitución del presidente del Consejo de la Judicatura, una facultad que solo tiene la Asamblea. Pero como en este último caso participaron los consejeros del correísmo y el socialcristianismo (Javier Dávalos y Sofía Almeida), los impulsores del juicio político prefirieron dejarlo de lado.

¿Por qué enjuiciar solo a los cuatro y no a los siete? El correísta Walter Gómez fue el único que ensayó una explicación que vale la pena reproducir textualmente: “No se determinan responsabilidades políticas por parte de los consejeros y consejeras acusados de los otros cargos -dijo-, claro está, sobre cargos con los respectos a otros consejeros (tal cual), por ejemplo, sobre la diferencia de los otros consejeros, porque hay más causales como designación del defensor del pueblo encargado, el doctor César Córdova, que no tiene nada que ver con el tema ilegal (¿qué?). No puede ser designado como defensor, ¿por qué? Por lo cual ese criterio conlleva una categoría discriminatoria”. En otras palabras: las razones existen, pero son incomprensibles.

El hecho es que todo el procedimiento, en ausencia de un informe de la mesa de Fiscalización, fue irregular. Así lo admitió la correísta Gabriela Molina, pero dijo que no había más remedio: “Es lamentable -dijo- que tengamos que resolver bajo este artículo (142 de la ley de la Asamblea, que no tiene que ver con juicios políticos), y no en el orden regular de lo que establece el procedimiento. Pero esta es una demostración más de las arbitrariedades que se cometen dentro de la Comisión”. Porque hasta cuando la ley la violan ellos, la culpa es de Villavicencio.

Dos anécdotas de la jornada: el socialcristiano Luis Almeida fue conminado por la oficialista Ana Belén Cordero a no participar en la votación por conflicto de intereses, pues la consejera Sofía Almeida es su sobrina. Finalmente, se abstuvo. Y el correísta Roberto Cuero le puso enjundia a su pacto con los socialcristianos: “la política -dijo- es el acto de llegar a acuerdos. No se asusten ni vean el cuco”. Todavía no ha aprendido a distinguir el asambleísta entre los pactos que se hacen encima y abajo de la mesa.

Un favorcito al correísmo

Siempre servicial con el correísmo, Virgilio Saquicela introdujo en la sesión un punto que no constaba en el orden del día: hizo pasar a la alcaldesa de Loja, Patricia Picoitia, y concedió la palabra a la legisladora correísta de esa provincia, Johanna Ortiz para promocionar el festival de teatro de Loja, creación sublime y niña de los ojos del presidente prófugo (aplausos de la barra, como cada vez que alguien lo nombra), en "la tierra más bella de la existencia en el planeta", según risueñas palabras de la asambleísta. Salvador Quishpe, que el otro día se desgañitaba pidiendo la palabra para rendir homenaje a Zamora Chinchipe en sus fiestas pero le dejaron con las ganas, se quejó: “eso también se merece Zamora”, dijo.