Arremetida a las economias criminales

En La Merced de Buenos Aires, amaneció ayer antes de tiempo. Estaba todavía oscuro cuando comenzó un amplio operativo con 4.200 efectivos, entre policías y militares, desplazados para recuperar la seguridad en la parroquia imbabureña. Hace una semana estalló un conflicto violento derivado de la minería ilegal que ha plagado la zona y las autoridades decidieron encarar el problema de frente.

Como explicación, la ministra de Interior, María Paula Romo, expuso también ayer que esa pequeña localidad con 1.800 habitantes era un foco de criminalidad. En rueda de prensa, ya con las unidades desplegadas y haciendo controles, enumeró otros 11 delitos que van aparejados a la minería ilegal: homicidios, explotación sexual, explotación laboral, trata de personas, evasión fiscal, lavado de activos, extorsión, intimidación, contrabando, tenencia de armas y explosivos, y tráfico de combustible. Además de contaminación ambiental.

El operativo, ejecutado después de que el presidente Lenín Moreno decretara el estado de excepción en la zona durante 60 días, es la respuesta gubernamental ante la arremetida de las economías criminales que se nutren y proliferan de la explotación ilegal de los recursos del país.

“La Merced de Buenos Aires tiene alrededor de 1.800 habitantes. Sin embargo, en la zona dedicada a la minería ilegal, que no está dentro de la parroquia, pueden existir miles de personas asentadas dedicadas a actividades ilegales”, declaró la ministra. “La minería ilegal es una amenaza multidimensional, que además de afectar a la seguridad de las personas y a la tranquilidad de la zona, implica una gravísima afectación ambiental”.

Por eso, pasadas las 04:00 del lunes al martes, 20 fiscales, 1.200 policías y 1.200 miembros de Fuerzas Armadas ingresaron a la parroquia de Imbabura. El objetivo era desalojar a quienes se dedicaban a la minería ilegal y acabar con las economías criminales que se han organizado alrededor de este delito, tanto para sostenerlo como para lucrarse de él, según un comunicado de Interior.

Las actividades de minería ilegal fueron detectadas desde finales de 2017, en el sector El Lomón de la comunidad El Triunfo, en la parroquia Buenos Aires. Interior informó que entre 2018 y lo que va del 2019, la Policía ha incautado 3.461,38 toneladas de material mineralizado, ha desarticulado 92 grupos delictivos y detenido a 809 personas. En la última semana, ha habido cuatro heridos por enfrentamientos.

Un ciudadano colombiano que trabaja para una proveedora de internet en la parroquia, reveló que la situación se agravó cuando hubo un enfrentamiento que provocó al menos cuatro heridos. Además de ese problema los agricultores y productores del sector fueron afectados.

En el centro de acopio de café del Corazón de Guadual, parroquia San Jerónimo de Urcuquí, ya no hay quien trabaje. Es la queja de un hombre de ojos verdes, sombrero de paja y camiseta roja, de unos 55 años.

El hombre cuenta que el negocio se fue a pique porque todos sus trabajadores (no dice cuantos) fueron a laborar en las minas de La Merced de Buenos Aires hace casi seis meses. En ese sector, unos 200 militares instalaron sus carpas y toldos en los espacios planos que encontraron.

La acción de control a personas y vehículos provocó molestias en los conductores que intentaban ingresar a la zona, especialmente, a quienes dijeron tener pequeños negocios en sitios como Salinas, Lita y otros. En el acceso a Salinas se formó una congestión vehicular, mientras los policías trataban de explicar a los ciudadanos la acción y anunciar que el paso estaría cerrado al menos por tres días.

La primera jornada de un operativo previsto inicialmente para 72 horas, pero que se extenderá con controles y presencia policial durante un mes, se saldó con al menos 17 detenidos que eran trasladados en camionetas militares. Al cierre de esta edición, además, se habían incautado armas blancas, motosierras, taladros, pulidoras, botellas de licor, radios de comunicación, celulares, entre otros objetos.

Camiones militares, camionetas policiales y particulares sirvieron para el traslado de unas 800 personas de tres sectores de La Merced de Buenos Aires hacia Ibarra.

“La salida de hombres, mujeres, niños, mascotas se dio desde la Visera, El Mercado y Ciudad de Papel en las primeras cinco horas de la acción”, informó el general Hernán Carrillo, director de Operaciones de la Policía. Pero no alcanzó a los sectores altos de las minas. Los desplazados formaban un grupo heterogéneo en el que había un buen porcentaje de ciudadanos colombianos y venezolanos. El general Carrillo espera que el desabastecimiento de insumos y enseres básicos haga que abandonen los lugares de explotación.

Pese a que se temían enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y picos de violencia, la movilización transcurrió de forma pacífica y sin fricciones, dijo el general.

Jarrín: “Aquí no hay guerrilla”

Interior habla de una “amenaza” al Estado. Defensa lo achaca a delincuencia organizada.

La movilización de militares y policías a Imbabura vino con una explicación oficial. Además, de la declaratoria del estado de excepción, los ministros de Defensa e Interior comparecieron ayer para sustentar la actuación en la información recabada por agentes de Inteligencia meses atrás y en las cifras que precedían al megaoperativo en La Merced de Buenos Aires.

Según la ministra de Interior, María Paula Romo, esa parroquia tiene a las afueras, en la zona de montaña, un foco de minería ilegal. Hay “miles de personas asentadas, dedicadas a actividades ilegales”. Pero no solo a eso. Para Romo, esta actividad supone una “amenaza multidimensional”, pues viene acompañada de otros delitos.

Esa situación ha escalado a “un alto nivel de intensidad de afectación a los derechos de sus habitantes y a la seguridad del Estado”, por lo que la medida de excepción busca “restablecer el orden y garantizar los derechos de las personas que habitan en dicha zona”, según el texto del decreto.

La Policía, según la ministra, ha vigilado la zona y en operativos desarrollados en los últimos dos años se ha detenido a 859 personas “vinculadas a actividades ilegales alrededor de la mina”.

“Hay distintos puntos de conflictividad en esta zona que han sido identificados con distintos nombres, algunos de ellos como: la ciudad de plástico, la visera, la mina vieja y la mina nueva”, comentó la responsable de Interior.

Acompañada del ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, explicó el operativo y la movilización de 4.200 efectivos para controlar y asegurar la zona en la que cuatro personas resultaron heridas la semana pasada por enfrentamientos entre bandas que pretendían hacerse con el control de la extracción ilegal de recursos minerales.

Al ser consultados sobre las denuncias ciudadanas que apuntan a la posible presencia de guerrilleros colombianos en el sector, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, fue tajante. Aseguró que ese tipo de grupos no opera en el país y que lo que se ha detectado en la zona de Urcuquí es “delincuencia organizada”.

“El hecho de que probablemente haya guerrilla de Colombia que pase a Ecuador, ya no se llama guerrilla en Ecuador, porque su propósito tiene otro significado en su país. Aquí no hay ni guerrilla, ni grupos armados organizados”, zanjó.