El fin, según las autoridades, es el mismo aunque la administración sea diferente. El Gobierno guarda el dinero para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto, en dos cuentas.

La primera, que está a la vista, es la subcuenta de la ley solidaria. Ahí se registran los recursos derivados de los nuevos impuestos y las donaciones particulares. Hasta el 24 de julio ingresaron 307,4 millones de dólares y se gastaron 152 millones. Es decir, quedaron 155,4 millones de dólares.

En la segunda están los créditos de los organismos multilaterales. Estos llegan a la cuenta Única del Tesoro y se registran como deuda pública. El inconveniente es que no hay una distinción entre los préstamos para la reconstrucción y los compromisos que suma continuamente el país para otros proyectos. En ese ítem estarían, al menos, 160 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para lidiar con las consecuencias del sismo.

En los próximos meses se sumarían más créditos. Cerca de 400 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que están en negociación, y unos 100 millones para construcción de viviendas del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), según informó el gerente del Banco Central, Diego Martínez.

Esa dualidad en la administración de los recursos despertó la suspicacia de la oposición. Ayer, tres voces críticas se alzaron contra el manejo de los fondos para la reconstrucción de Esmeraldas y Manabí.

Una llegó a la Contraloría. Diego Salgado, asambleísta de CREO, pidió que el ente de control haga un examen especial a la subcuenta. Esto por las “serias dudas” que despierta el uso de 120 millones de dólares para el pago de deudas del Gobierno con proveedores de las provincias más afectadas.

La Unidad Popular también inició investigaciones. Su legislador, Milton Gualán, pidió a la Asamblea Nacional que exija al ministro de Finanzas, Fausto Herrera, una explicación sobre el uso de los recursos para la emergencia. Él teme que los nuevos impuestos sirvan para pagar, por ejemplo, el compromiso con la petrolera Chevron.

Ramiro Aguilar, asambleísta independiente, realizó un pedido formal de explicaciones a través de la Asamblea. Advirtió “otras medidas” si no hay una respuesta pronta.