Aportes o diezmo politico

En el editorial de diario El Universo del 4 de diciembre se señalaba que “El dinero que recaudan las tiendas políticas, legalizadas o no, y cómo lo disponen, está en una zona gris que hay que aclarar”. Esta demanda periodística, lamentablemente, no ha sido tratada institucionalmente por la velocidad con que han ocurrido los hechos “prioritarios” en la realidad y que han finalizado con la renuncia de la exvicepresidenta y la elección inmediata de un vicepresidente. Lo que ha confundido a la ciudadanía y desprestigiado más a la política y a los políticos, y que plantea una serie de cuestionamientos a la Función Electoral y al Estado, que sucintamente presentamos.

Primero, históricamente ha habido una tradición de pago y contribuciones de afiliados y simpatizantes, en moneda o especie, a los movimientos y partidos políticos, particularmente desde la tercera década del siglo XX con el aparecimiento y crecimiento de los partidos socialista y, más tarde, el comunista; posteriormente, fue asumida por los partidos conservador y liberal y los movimientos populistas como el velasquismo y la CFP -de Guevara Moreno y el “sucre cefepista”-. Paralelamente también existió, y subsiste hasta ahora, el pago, o diezmo político, que realizan los militantes-funcionarios públicos a sus líderes-empleadores. Lo importante a destacar es que la primera se la hace a la organización política, generalmente, cuando está fuera del poder del Estado y constituye una de las obligaciones de los adherentes. Y el otro caso se da cuando está en el poder, lo cual oscurece la voluntariedad y lo torna con sospechas de exigencia y coacción. Segundo, existiendo una institucionalidad especializada, esta no ha funcionado, como el CNE y TCE, ni se ha aplicado el ambiguo y limitado Código de la Democracia, salvo en los casos de Vallejo y Vicuña de una manera selectiva. Tercero, según El Telégrafo del 10 de diciembre, “solo 7 de 16 movimientos y partidos nacionales cumplen con la obligación de publicar sus ingresos”, y solo difunden los estatales y no los privados. Finalmente, los ultras quieren sacar gananciales, tratemos con objetividad este tema.