La Ley de la Cultura pasó en la Asamblea Nacional. Su redacción demoró ocho años. La flamante normativa, que fue una propuesta del Ejecutivo, pretende ordenar el sector de la cultura y reagrupar a 25 leyes dispersas.

En ese largo período de incubación, la iniciativa estuvo en ‘stand by’. Su trámite, en varias ocasiones, fue postergado por la coyuntura política y económica.

La Constitución hace referencia a ella. También fue una promesa de campaña del Gobierno de la autodenominada revolución ciudadana para los artistas y gestores culturales de todo el país.

La ley, que todavía debe pasar por el filtro del Ejecutivo, tiene 179 artículos. Sufrió muchos cambios en el tiempo en el que estuvo guardada en un cajón de la Asamblea. Los últimos se hicieron antes de aprobarse en el Legislativo, con 82 votos a favor y 18 abstenciones.

Esas modificaciones están relacionadas con el financiamiento, la seguridad social para los trabajadores de la cultura, inclusión de los migrantes para los concursos con fondos y el traspaso de las bibliotecas populares a la tutela de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Para el guayaquileño y titular de Uniarte y Uniactores, Alberto Rivera, es una ley positiva. “Excelente que se aprobó ahora, lástima que no fue antes. Necesitábamos una ley de Cultura. Colombia nos lleva una ventaja en 10 años”, dijo a EXPRESO.

Quizá el tema más importante es el presupuesto para aplicar la normativa. Sin recursos económicos una ley puede ser óptima, pero inservible, opina la oposición.

Según el presidente de la Comisión de Educación, encargada de elaborar los informes para ambos debates en el pleno de la Asamblea, Raúl Abad, se requieren cinco millones de dólares. “El 5 % llegará de las utilidades del BEDE, las multas por las sanciones en las leyes de Cultura y Comunicación. Ambas suman alrededor de 300 mil dólares”, explicó.

El otro tema importante es la seguridad social para los “obreros de este sector”. Muchos artistas y gestores culturales no están afiliados al IESS, no tienen jubilación y mueren en la calle, dice Luis Cáceres, director de la Pequeña Compañía, un grupo de teatro y mimo independiente.

Según el documento, la seguridad social para este sector será flexible. Por ejemplo, un actor podrá afiliarse al IESS bajo ciertas modalidades que le permitirán diversificar su aporte y no caer en mora con esa institución.

Además, otra modificación fue incluir a los migrantes en los concursos para recibir fondos destinados a actividades culturales. Este punto fue un pedido especial de los legisladores por las circunscripciones del exterior. Según ellos, muchos ecuatorianos que residen en el exterior son músicos.

También hay otras variaciones menores. Las bibliotecas populares, por ejemplo, deberán pasar a la administración de los Gobiernos locales. “Habrá un proceso de transición para evitar que estas, manejadas por el Ministerio de Cultura, pasen a los GAD”, comentó el legislador Abad.