Hasta junio pasado, 36 judiciales fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura. De ellos, al menos nueve eran jueces. En su mayoría, sancionados por error inexcusable y manifiesta negligencia.

A ellos se suman las destituciones anunciadas en julio de los jueces de Manglaralto Diego Moscoso y Érika Moriel. Ellos concedieron unos cuestionados habeas corpus sin aparente competencia para resolver dichos recursos, en favor del exvicepresidente Jorge Glas y de un holandés reclamado por Países Bajos que estaba a órdenes del presidente de la Corte, Iván Saquicela.

La Corte de Santa Elena declaró que ambos habían cometido manifiesta negligencia y error inexcusable, respectivamente. Aunque la Corte de Santa Elena revocó el recurso concedido por ambos. Pero solamente Glas volvió a la cárcel después de 40 días en libertad.

El beneficiario del recurso de Moriel, el holandés buscado por Interpol, recuperó su libertad y actualmente se encuentra prófugo de la justicia. Eso, según el informe que recomienda la destitución, no solo ha causado un daño a la administración de justicia ecuatoriana, sino que ha perjudicado a la justicia neerlandesa, que se encontraba a la espera de la extradición de Vokshi Nezdet.

Los de Manglaralto son solo dos ejemplos de casos mediáticos y fallos cuestionados. Según los datos proporcionados por el Consejo de la Judicatura, entre 2019 y lo que va del año, 225 judiciales han sido destituidos. De ellos, 73 eran jueces, 24 fiscales, 10 defensores públicos, 10 notarios y otros 108 servidores.

Entre los jueces destituidos en 2021 también está María Belén Domínguez, quien le concedió parcialmente una acción de protección al exalcalde de Quito Jorge Yunda, quien permaneció casi cuatro meses más en el cargo con esa resolución.

Estas presuntas actuaciones irregulares de los sancionados tienen una explicación para Mauro Terán, exmagistrado de la desaparecida Corte Suprema de Justicia: fueron de los últimos jueces nombrados en el correísmo.

Pero Terán sostiene que para que no ocurran interpretaciones o anomalías, el habeas corpus debería tener una reglamentación o una serie de limitaciones. “No puede ser un ente tan abierto, tan libre, porque ahí se producen esas desviaciones”, insiste. Añade además que la Judicatura no ha hecho la evaluación para establecer la calidad y probidad de los funcionarios.

Pero no es que antes las cosas hubiesen estado mejor. Recuerda que el habeas corpus era responsabilidad de los alcaldes y posiblemente su concesión implicaba mucha mayor corrupción, porque lo otorgaban en función del mercado. Para acabar con eso se estableció que lo tramiten los jueces ordinarios, “pero también entre ellos se están dando estas circunstancias corruptas”.

El exfiscal Fernando Lara señala que las resoluciones de los jueces no son inamovibles, pero sí son de inmediata ejecución. Y eso ocurrió con Glas y el extranjero buscado por la Interpol. Una apelación no suspende el cumplimiento de lo resuelto.

En los casos de Manglaralto, observa que eso fue corrupción. “Ahí ya no entra el sistema procesal, sino la viveza de abogados y funcionarios judiciales pícaros que deben ser procesados penalmente, pues actúan a sabiendas de su incompetencia”.

Un ex fiscal general que pidió que se reserve su nombre cree que sobre el asunto hay muchas cuestiones sensibles, porque “en varios casos es obvio que han existido presiones, dinero, o poder político influyendo en las resoluciones”.

Opina que se trata de una cuestión en la que debería haber voluntad de la administración de justicia para normar o controlar mejor ese tipo de casos, antes de que se dicten las resoluciones.

Y eso no ocurre. La Judicatura se ha limitado a suspender a los funcionarios y a iniciar expedientes. El argumento es que el organismo no puede interferir en las actuaciones jurisdiccionales de los jueces.

Señalamientos

Los errores frecuentes

Los jueces han sido destituidos por manifiesta negligencia, error inexcusable, abandono de lugar de trabajo y solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes. En el caso de los fiscales, los señalamientos van también por abandono de lugar de trabajo, manifiesta negligencia y revelar información sobre actos investigativos a su cargo.  

El detalle

Casos. Para los defensores, las acusaciones han sido pedir o recibir dinero y no ir a audiencias; y para los notarios, por autorizar escrituras de su interés.